Ciudad de México.- El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa abrió una fractura política: Segob y Morena tomaron distancia, mientras gobernadores oficialistas cuestionaron públicamente su decisión.
Segob y Morena calificaron como personal su retorno a Sinaloa; gobernadores oficialistas le exigieron “madurez y responsabilidad” y colocaron el proyecto nacional por encima de intereses individuales.
Después de permanecer 112 días con licencia, Rocha Moya retomó este viernes sus funciones, pese a los señalamientos existentes y las investigaciones relacionadas con acusaciones provenientes de Estados Unidos.
La Secretaría de Gobernación reaccionó calificando el retorno como una determinación estrictamente personal del gobernador, deslindando así al Gobierno federal de cualquier participación en esa decisión política.
Morena adoptó prácticamente la misma postura y, mediante un comunicado, dejó establecido que la reincorporación del mandatario sinaloense respondió exclusivamente a una decisión tomada personalmente por Rocha Moya.
El distanciamiento escaló posteriormente cuando gobernadoras y gobernadores vinculados a Morena difundieron un pronunciamiento conjunto llamando al mandatario sinaloense a conducirse con “madurez y responsabilidad” política.
Los mandatarios advirtieron que decisiones individuales o intereses de facción no pueden colocarse por encima del proyecto de transformación ni del interés colectivo que representa la Nación.
“La política es un ejercicio de congruencia”, señalaron, al considerar que la desmesura y decisiones de grupo pueden contravenir principios de honestidad y lealtad defendidos por el movimiento.
El documento dejó además un respaldo absoluto hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y estableció que los proyectos políticos personales deben quedar subordinados al bienestar general del país.
En paralelo, Gobernación informó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con diez personas señaladas por autoridades estadounidenses, entre quienes aparece Rocha Moya.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, añadió Segob, ha solicitado reiteradamente al Gobierno de Estados Unidos entregar las pruebas correspondientes para incorporarlas a las investigaciones desarrolladas por las autoridades mexicanas.
Gobernación estableció que será exclusivamente responsabilidad de la FGR informar sobre avances de las investigaciones y proporcionar información adicional conforme evolucionen las indagatorias bajo sus atribuciones legales.
Rocha Moya había solicitado licencia desde el primero de mayo para ponerse a disposición de autoridades mexicanas y posteriormente compareció voluntariamente ante la Fiscalía General de la República.
El mandatario también renunció a su fuero constitucional y sostuvo que durante su comparecencia fue informado sobre la inexistencia de elementos probatorios para atribuirle alguna conducta delictiva en México.
Rocha rechazó las imputaciones formuladas en su contra, se declaró inocente y atribuyó los señalamientos surgidos alrededor de su figura a intereses políticos que buscan perjudicar su gobierno.
Pero su regreso encontró resistencia dentro del propio movimiento, donde los gobernadores advirtieron que ninguna aspiración individual puede imponerse sobre los principios políticos y objetivos colectivos nacionales.
El pronunciamiento fue respaldado por mandatarios de entidades gobernadas por fuerzas vinculadas al oficialismo, incluido Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, además de otros ejecutivos estatales.
Entre los firmantes aparecen Marina del Pilar Ávila, Layda Sansores, Clara Brugada, Delfina Gómez, Evelyn Salgado, Alfonso Durazo, Salomón Jara, Mara Lezama y Rocío Nahle.
También respaldaron el documento gobernadores de Baja California Sur, Chiapas, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
