Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, anunció sanciones contra seis objetivos vinculados con lavado de dinero y contrabando relacionados con el Cártel del Noreste.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que entre los sancionados se encuentran operadores clave en la estructura financiera del grupo, así como empresas utilizadas para encubrir operaciones ilícitas.
Las autoridades estadounidenses identificaron a dos casinos en México como puntos estratégicos para el blanqueo de capitales, señalando que estos negocios habrían servido para ocultar recursos provenientes de actividades criminales.
En la investigación destaca el nombre de Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado por presuntamente brindar servicios ilegales a integrantes del cártel, incluyendo a Miguel Ángel Treviño Morales.
De acuerdo con el reporte, el apoyo de Penilla habría permitido mantener la operatividad del grupo, incluso con Treviño Morales bajo custodia, facilitando la continuidad de sus estructuras delictivas.
Otro de los señalados es Jesús Reymundo Ramos Vázquez, identificado como operador de campañas de desinformación que buscan desacreditar a las autoridades mexicanas bajo la apariencia de activismo en derechos humanos.
El Tesoro sostiene que Ramos habría promovido denuncias falsas, financiado protestas y defendido públicamente a integrantes del cártel, con el objetivo de influir en la percepción pública y debilitar acciones institucionales.
Las sanciones también alcanzan al Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, el cual habría sido utilizado para almacenar drogas, lavar dinero y operar actividades delictivas cerca de la frontera.
Asimismo, fue incluida la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, señalada como operadora de este establecimiento y del casino Diamante, localizado en Tampico.
El gobierno estadounidense subrayó que, tras estas medidas, queda prohibido para ciudadanos de ese país realizar cualquier tipo de transacción con los negocios sancionados, reforzando el cerco financiero.
Según las autoridades, el Cártel del Noreste mantiene presencia en la región fronteriza, donde desarrolla actividades como tráfico de drogas, personas, extorsión y lavado de dinero, incluyendo operaciones vinculadas al fentanilo.
Dentro de la red criminal, fue identificado Eduardo Javier Islas Valdez, señalado como responsable del tráfico de migrantes en Nuevo Laredo y operador logístico del grupo en cruces hacia Texas.
El informe indica que Islas coordina a los llamados “pateros”, autoriza traslados y controla flujos de efectivo, consolidándose como pieza clave en la operación transfronteriza del cártel.
Además, se le vincula estrechamente con Abdón Federico Rodríguez García, considerado uno de los principales mandos del grupo y previamente sancionado por autoridades estadounidenses.
Protege mecanismo a activista señalado por EU
El activista Raymundo Ramos, vinculado por autoridades de Estados Unidos con el crimen organizado, permanece bajo resguardo del mecanismo federal de protección a Periodistas y defensores de Derechos Humanos
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo forma parte del programa de la Secretaría de Gobernación, debido a riesgos derivados de su labor en la denuncia de abusos en contra de civiles.
Durante más de dos décadas, Ramos ha documentado presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.
Su trabajo se ha enfocado principalmente en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, con especial atención en hechos ocurridos en la zona fronteriza de Nuevo Laredo.
Organizaciones civiles destacan que el activista ha acompañado a familiares de víctimas y ha contribuido a visibilizar expedientes que, en algunos casos, derivaron en investigaciones oficiales contra elementos de seguridad.
El propio Ramos ha denunciado ser objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, situación que motivó su incorporación al esquema federal diseñado para proteger a periodistas y defensores en situación de riesgo.
La inclusión en este mecanismo busca garantizar su integridad física y permitir la continuidad de su labor, en un contexto marcado por tensiones derivadas de señalamientos internacionales y su activismo local.
