Ciudad de México.– La crisis política que rodea al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se agravó luego de que dos exfuncionarios clave de su administración se entregaran a autoridades estadounidenses.
Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas de Sinaloa, respectivamente, quedaron bajo investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La entrega de ambos exfuncionarios ocurrió apenas dos semanas después de que el Departamento de Justicia estadounidense formalizara acusaciones contra políticos, mandos policiacos y exservidores públicos sinaloenses relacionados con narcotráfico y corrupción.
Mérida Sánchez, general retirado del Ejército, compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos relacionados con sobornos y protección a operaciones criminales.
Sin embargo, fuentes del Departamento de Justicia revelaron que el exsecretario habría sido aceptado como posible testigo cooperante, aportando información inicial para fortalecer el caso judicial que actualmente desarrolla Estados Unidos.
Tras su audiencia ante la jueza Sarah Netburn, el militar fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen recluidos Ismael “El Mayo” Zambada y otros personajes de alto perfil criminal.
Autoridades estadounidenses sostienen que el exmando de Seguridad recibía pagos superiores a 100 mil dólares a cambio de alertar a Los Chapitos sobre operativos antidrogas y posibles investigaciones oficiales.
La acusación señala además que facilitó información confidencial para permitir el traslado de drogas y equipo antes de cateos realizados por corporaciones de seguridad y agencias antidrogas.
El gabinete de seguridad mexicano confirmó que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos por Sonora, cruzando por Nogales, Arizona, donde fue detenido por agentes federales antes de ser enviado a Nueva York.
Dentro de la misma investigación aparecen implicados Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros exfuncionarios estatales.
Mientras tanto, Enrique Díaz Vega, considerado operador financiero del grupo político cercano a Rocha Moya, decidió entregarse voluntariamente desde Europa, donde permanecía de vacaciones.
Fuentes de seguridad señalaron que Díaz Vega busca negociar con el Departamento de Justicia estadounidense para colaborar en la investigación relacionada con protección institucional al narcotráfico.
Las autoridades norteamericanas lo acusan de operar políticamente para favorecer a Los Chapitos, además de facilitar la incorporación de funcionarios presuntamente vinculados al crimen organizado dentro del aparato gubernamental.
La acusación sostiene que, previo a la elección de 2021 en Sinaloa, Díaz Vega habría entregado información personal de adversarios políticos para que fueran intimidados y obligados a abandonar la contienda electoral.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el exfuncionario podría comparecer próximamente ante la Corte de Nueva York, donde también se prevé que rechace inicialmente las acusaciones formuladas en su contra.
El caso ha generado una fuerte sacudida política y judicial, mientras Rubén Rocha Moya continúa sin aparecer públicamente y el gobierno federal mantiene silencio sobre las recientes entregas de sus excolaboradores cercanos. Con Información de El Universal.
