Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El exdirigente estatal del PRI, Ramiro Ramos Salinas, lanzó severas críticas contra la reforma judicial impulsada por Morena, al considerar que nació entre improvisaciones y errores estructurales.
El también expresidente del Congreso local sostuvo que aplazar la elección judicial hasta 2028 no resuelve el problema central, porque el modelo, afirmó, “está completamente equivocado desde su origen”.
Ramos Salinas planteó que el proceso no debe posponerse, sino cancelarse definitivamente, al advertir que representa un golpe directo a la autonomía y profesionalización del Poder Judicial en México.
Señaló que la elección de jueces, magistrados y ministros deteriora la carrera judicial, desplazando perfiles preparados y debilitando la capacidad técnica de quienes deberán resolver asuntos fundamentales del país.
Recordó que durante el pasado proceso electoral judicial predominó la desinformación, ya que la ciudadanía acudió a las urnas sin conocer realmente a los candidatos participantes.
“El proceso fue una simulación”, acusó el priista, al asegurar que legisladores y autoridades nunca explicaron con claridad el alcance ni las implicaciones reales de la reforma judicial.
Además, afirmó que los resultados reflejaron el rechazo ciudadano, debido a que la elección registró una participación mínima, considerada entre las más bajas en la historia democrática nacional.
Ramos Salinas advirtió que actualmente existen jueces enfrentando dificultades para resolver asuntos jurídicos, debido —dijo— a la falta de preparación y experiencia de algunos perfiles electos recientemente.
El exdiputado sostuvo también que la reforma destruyó décadas de formación profesional dentro del Poder Judicial, cerrando oportunidades para estudiantes y trabajadores que aspiraban ascender mediante méritos y conocimientos.
Criticó además el elevado costo financiero del proceso judicial electoral, señalando que el gasto resultó excesivo frente a los resultados obtenidos y al deterioro institucional generado.
De acuerdo con estimaciones oficiales, mover la elección judicial de 2027 a 2028 podría representar un ahorro presupuestal de entre mil y dos mil millones de pesos.
