Mientras el gobierno mexicano sigue atrapado en su discurso patriotero de defensa de la soberanía y rechazo al injerismo extranjero, los grupos criminales continúan masacrando familias, desapareciendo personas y sometiendo a regiones enteras del país a una pesadilla permanente de violencia, miedo e impunidad.
Por eso resulta urgente que la administración federal deje de convertir el tema de la seguridad en una narrativa política y asuma, de una vez por todas, que el verdadero desafío no es confrontarse discursivamente con Estados Unidos, sino recuperar el control territorial y frenar el poder que el crimen organizado ha acumulado durante las últimas dos décadas.
La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene razón cuando rechaza cualquier intento de intervención militar extranjera en territorio nacional. Ningún gobierno responsable puede aceptar presiones que vulneren la soberanía del país.
Sin embargo, una cosa es defender la soberanía y otra muy distinta utilizar ese discurso para evadir una realidad cada vez más preocupante: México está perdiendo amplias zonas de control frente a las organizaciones criminales.
Ahí están los hechos. Hay carreteras dominadas por grupos armados, municipios donde las autoridades locales fueron rebasadas y regiones enteras sometidas al cobro de piso, al secuestro y al desplazamiento forzado. A ello se suman miles de desaparecidos y comunidades completas viviendo bajo miedo permanente mientras el Estado sigue reaccionando con lentitud y, en muchos casos, con evidente incapacidad.
Tamaulipas conoce perfectamente esa realidad. Durante años ha sido uno de los territorios donde el crimen organizado ha mostrado con mayor crudeza su capacidad para infiltrar instituciones, controlar regiones y desafiar abiertamente al Estado.
El reciente asesinato de un agente federal, comisionado a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en Matamoros, es apenas otro ejemplo del nivel de violencia y capacidad operativa que siguen manteniendo los grupos criminales en la entidad.
Frente a esa realidad, el discurso nacionalista resulta insuficiente. Porque mientras desde el poder se insiste en el rechazo al injerismo extranjero, los cárteles continúan fortaleciendo sus estructuras financieras, ampliando sus redes internacionales y aumentando su capacidad operativa.
Por eso el debate no debería centrarse en si México coopera o no con Estados Unidos. La cooperación ya existe y seguirá existiendo porque ambos países enfrentan un problema compartido. La droga que inunda las calles estadounidenses sale, en buena parte, de territorio mexicano, mientras las armas y una parte importante de los recursos financieros que fortalecen a los cárteles provienen del mercado estadounidense.
Los grupos criminales mexicanos han demostrado en los últimos años una capacidad creciente de fuego, organización y expansión territorial. Hoy poseen armamento sofisticado, sistemas de vigilancia, drones, redes internacionales de lavado de dinero y estructuras operativas capaces de desafiar directamente a las fuerzas del Estado.
Y si no existe una estrategia mucho más agresiva, coordinada e inteligente para contenerlos, el siguiente paso podría ser todavía más violento.
Por eso resulta preocupante que el gobierno federal siga privilegiando el manejo político del discurso sobre la construcción de una estrategia de seguridad realmente efectiva. Porque el problema no se resolverá con declaraciones patrióticas ni con posicionamientos nacionalistas para consumo interno.
El problema requiere inteligencia financiera, investigación criminal, tecnología, intercambio de información y coordinación operativa internacional.
Y en ese terreno, Estados Unidos tiene capacidades científicas, tecnológicas y de inteligencia que México difícilmente puede igualar por sí solo.
Pero además existe otro tema que el gobierno mexicano se sigue resistiendo a enfrentar: la posible infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y de gobierno. Porque si realmente existe intención de golpear de fondo al narcotráfico, una de las primeras acciones tendría que ser dejar de proteger políticamente a personajes señalados o investigados por presuntos vínculos criminales.
Eso implica actuar contra alcaldes, legisladores, funcionarios y gobernantes que han sido mencionados en investigaciones o expedientes de agencias estadounidenses relacionadas con narcotráfico y delincuencia organizada.
Y sí, eso incluye también casos como el de Rubén Rocha Moya y otros personajes bajo sospecha, cuyos nombres siguen apareciendo en investigaciones y versiones periodísticas sin que exista una respuesta firme del Estado mexicano.
La prioridad del gobierno mexicano debería ser detener el crecimiento del poder criminal antes de que el país enfrente escenarios todavía más graves de violencia e ingobernabilidad.
Porque mientras la clase política sigue discutiendo soberanía y narrativa, los cárteles continúan fortaleciendo su presencia territorial, económica y operativa.
EL RESTO.
NERVIOSISMO EN LA FRONTERA.-La presencia de fuerzas especiales federales en Matamoros, tras el asesinato de un agente comisionado en la vigilancia del Consulado de Estados Unidos, trae nerviosos a muchos políticos tamaulipecos de ciudades como Matamoros y Reynosa.
Y es que, nos dicen que desde el vecino país exigieron reforzar la seguridad de su Consulado, pero también actuar contra quienes están directa o indirectamente vinculados al crimen organizado.
Ante ello, pronto podría haber sorpresas y sorprendidos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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El enemigo está dentro
