Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los empleados de las Comapas y organismos operadores de agua que por dolo o negligencia provoquen fugas, desperdicios o manejo irregular del recurso hídrico podrán enfrentar penas de prisión, multas económicas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Lo anterior se acordó en Comisiones, al aprobarse un dictamen por unanimidad que propuso la diputada Silvina Chávez Garay del grupo parlamentario de Morena.
La reforma incorpora el artículo 482 al Código Penal de Tamaulipas y establece responsabilidades penales para servidores públicos cuya actuación comprometa el suministro, distribución o acceso equitativo al agua potable para la población.
La iniciativa contempla sanciones para quienes actúen de manera dolosa o culposa, incorporando dentro de esta última figura la negligencia, impericia o falta de cuidado en el desempeño de sus funciones.
Las penas propuestas van de uno a cuatro años de prisión, además de multas equivalentes a entre 200 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Asimismo, los responsables podrán ser inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas por un periodo que oscilará entre uno y cinco años.
Los legisladores consideraron que el cuidado del agua dejó de ser únicamente una responsabilidad administrativa para convertirse en un asunto de interés público que requiere sanciones ejemplares ante conductas que afecten el abastecimiento del recurso.
El dictamen señala que incurrirá en delito el funcionario que, bajo su responsabilidad directa, genere derrames, fugas, desperdicios o extracciones irregulares que pongan en riesgo la disponibilidad del agua para los usuarios.
La propuesta encuentra sustento en el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución Mexicana y por diversos instrumentos internacionales que obligan al Estado a garantizar su acceso y preservación.
Durante el análisis legislativo se destacó que la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas establece obligaciones específicas para proteger el acceso equitativo al agua y prevenir acciones que limiten su disponibilidad.
Los diputados señalaron que cualquier conducta que provoque deterioro ambiental o afecte el suministro del vital líquido representa también una amenaza para la salud pública y el bienestar colectivo.
Para la elaboración del dictamen se tomaron en cuenta observaciones técnicas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ambas favorables a la creación de este nuevo delito.
Las dependencias recomendaron precisar la redacción de la iniciativa para fortalecer su aplicación jurídica, sugiriendo sustituir el concepto de negligencia grave por el de conducta culposa.
Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidieron en que la reforma fortalece el marco legal de protección al agua y establece mecanismos de responsabilidad para quienes administran uno de los recursos más sensibles para la población.
Con la aprobación unánime del dictamen, la propuesta avanzará ahora a la etapa de discusión y votación en el Pleno del Congreso del Estado.
