La elección de 2027 todavía no inicia legalmente, pero la campaña ya está en marcha. Los partidos recorren municipios, promueven aspirantes y movilizan estructuras sin consecuencia alguna.
Morena ya lo hace en Tamaulipas, con la justificación de ir con sus bases a los municipios y principalmente aquellos que son rurales.
El problema ya no es que exista promoción anticipada. Lo verdaderamente grave es que la autoridad electoral parece haber decidido mirar hacia otro lado mientras avanza el proselitismo.
Cuando el árbitro deja de aplicar el reglamento, los competidores más poderosos aprovechan la ventaja. Así comienza a romperse la equidad antes del primer silbatazo electoral.
El Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones para prevenir, investigar, fiscalizar y sancionar conductas que vulneren la competencia democrática. Sin embargo, hoy transmite una imagen preocupante de inmovilidad institucional.
Los recorridos, reuniones masivas, espectaculares, propaganda digital, estructuras territoriales y operadores políticos ya trabajan abiertamente. La diferencia es que nadie explica quién financia toda esa operación.
Mientras tanto, los ciudadanos observan cómo las reglas únicamente parecen aplicarse cuando resulta políticamente conveniente. La certeza electoral comienza a erosionarse desde mucho antes de instalar las casillas.
Por eso resulta relevante el posicionamiento emitido por el Consejo Electoral Permanente de Análisis (CEPNA), un observatorio ciudadano integrado por especialistas de amplio prestigio nacional.
Entre quienes suscriben el documento destacan José Ramón Cossío, Diego Valadés, Margarita Luna Ramos, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles, Jorge Alcocer, Morelos Canseco, Elba Arjona, Mariana Calderón, Fernán González de Castilla y Alma Zamora.
Cuando se lee el posicionamiento en sus páginas oficiales, se hace evidente que no se trata de voces improvisadas ni de actores partidistas. Son juristas, académicos, ex ministros, especialistas electorales y analistas cuya trayectoria otorga peso jurídico y político a su advertencia.
El CEPNA sostiene que los actos desplegados por diversos aspirantes dejaron de ser actividades internas para convertirse, por su magnitud, sistematicidad y alcance territorial, en auténticos actos anticipados de campaña.
También advierte que permitir esas prácticas altera la competencia democrática, favorece a quienes disponen de mayores recursos económicos, gubernamentales o partidistas y vulnera el principio constitucional de equidad.
El observatorio exige que el INE deje de asumir una posición contemplativa y ejerza plenamente sus facultades de investigación, fiscalización, prevención y, cuando corresponda, sanción.
La exigencia también alcanza a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la que solicita resolver con firmeza los asuntos relacionados con propaganda anticipada y simulaciones partidistas.
El llamado resulta oportuno porque, si las autoridades permiten que las campañas comiencen muchos meses antes, los límites constitucionales terminan convertidos en simples recomendaciones políticas.
La democracia no se deteriora únicamente cuando se viola la ley. También se debilita cuando las instituciones encargadas de hacerla cumplir deciden administrarla con excesiva complacencia.
En Tamaulipas, como en buena parte del país, los recorridos, reuniones y posicionamientos de quienes aspiran a competir en 2027 dejaron de ser discretos. La carrera ya comenzó.
Si el árbitro sigue inmóvil, llegará enero de 2027 con candidatos que habrán recorrido durante meses el estado, acumulando ventajas imposibles de compensar dentro de los tiempos legales.
La autoridad electoral todavía está a tiempo de recuperar credibilidad. Pero deberá demostrarlo con decisiones firmes, no con comunicados. En democracia, la omisión también termina inclinando la balanza.
