San Luis Potosí.- La institución encargada de defender a las víctimas de discriminación enfrenta ahora señalamientos por ejercer las mismas prácticas que está obligada a combatir. Ahora un ex trabajador denunció el hostigamiento y despido injustificado, actos discriminatorios relacionados con su identidad de género.
José Francisco Cortés, quien laboró durante casi diez años como capacitador en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, aseguró que el ambiente laboral cambió radicalmente cuando decidió expresar abiertamente su identidad.
Según su testimonio, las actitudes de rechazo existían desde tiempo atrás, pero se intensificaron a principios de este año cuando modificó su apariencia personal y comenzó a mostrarse con mayor libertad.
Relató que, tras presentarse con una imagen distinta a la acostumbrada, comenzaron comentarios, rumores y señalamientos dentro de la institución, situación que rápidamente derivó en un entorno hostil.
El ex funcionario sostiene que la presión cotidiana se tradujo en aislamiento laboral, vigilancia excesiva y un desgaste emocional constante que terminó afectando seriamente su salud física y mental.
De acuerdo con su versión, el estrés provocado por esa situación le generó múltiples afectaciones médicas, obligándolo a buscar atención constante mientras intentaba mantenerse en sus funciones.
Ante lo que consideró actos de violencia laboral, presentó una queja interna dirigida a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscando una intervención institucional.
Sin embargo, afirma que lejos de recibir protección o acompañamiento, comenzaron a integrarse actas administrativas sustentadas, según denuncia, en hechos falsos y acusaciones fabricadas.
José Francisco, asegura que dichas acciones tuvieron como propósito construir un expediente para justificar legalmente su separación del cargo y facilitar su despido.
La relación laboral concluyó el pasado 4 de marzo, fecha en que fue notificado oficialmente de su baja, poniendo fin a una trayectoria de casi una década dentro del organismo.
Actualmente mantiene una demanda laboral por despido injustificado y analiza presentar una denuncia penal por presuntos actos de discriminación contra diversos funcionarios de la institución.
Entre las personas que pretende señalar legalmente se encuentran directivos y responsables administrativos, así como la presidenta del organismo, a quien considera responsable de las decisiones internas.
El caso ha generado cuestionamientos debido a que las acusaciones surgen precisamente contra una institución cuya misión principal es promover la igualdad, proteger derechos fundamentales y combatir cualquier forma de discriminación.
La contradicción resulta especialmente delicada porque coloca bajo escrutinio a un organismo que debería garantizar espacios laborales libres de prejuicios y prácticas excluyentes.
Hasta el momento, la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos formulados por el ex trabajador.
La ausencia de una respuesta oficial ha alimentado las críticas y exigencias para que el organismo transparente los hechos y esclarezca las acusaciones que enfrenta.
Mientras avanzan los procedimientos legales, el caso amenaza con convertirse en una de las controversias más incómodas para la institución, al poner en duda su compromiso con los principios que está llamada a defender.
