Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Quienes obtengan, copien, utilicen o divulguen información sensible de los sistemas de seguridad pública podrían enfrentar hasta ocho años de prisión, tras el avance de una reforma aprobada en comisiones del Congreso del Estado.
En caso, señala el dictamen, de que un funcionario del sistema de Seguridad haga este robo, podría alcanzar una pena de 6 a 12 años de prisión.
El dictamen, impulsado por el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, recibió respaldo unánime en comisiones y fue presentado por el diputado Armando Zertuche Zuani.
La propuesta incorpora al Código Penal sanciones específicas contra quienes hagan uso indebido de información contenida en sistemas, equipos o medios informáticos vinculados con la seguridad pública estatal.
Las penas contemplan de cuatro a ocho años de cárcel, además de multas equivalentes a entre 400 y 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa establece castigos más severos cuando la conducta sea cometida por servidores públicos adscritos a instituciones de seguridad pública del Estado.
En estos casos, la sanción podrá incrementarse hasta en una mitad adicional, además de contemplar la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación correspondiente.
Los legisladores señalaron que la reforma busca proteger información estratégica cuyo uso indebido pueda comprometer operativos, investigaciones, instituciones de seguridad o incluso la integridad de personas.
Durante el análisis se destacó que la seguridad pública constituye una función esencial del Estado, por lo que requiere mecanismos legales actualizados frente a nuevas amenazas tecnológicas.
El dictamen advierte que las bases de datos oficiales contienen información sensible relacionada con víctimas, incidencia delictiva, investigaciones y grupos en condición de vulnerabilidad.
Entre los sectores que requieren una protección reforzada figuran niñas, niños, adolescentes y mujeres, cuyos datos personales forman parte de diversos registros institucionales.
Los promoventes sostuvieron que la filtración o uso indebido de esta información representa un riesgo para la privacidad, la seguridad y la eficacia de las instituciones.
Asimismo, se argumentó que la reforma permitirá prevenir conductas ilícitas incluso cuando el responsable tenga autorización para acceder a los sistemas informáticos gubernamentales.
Como parte del proceso legislativo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió una opinión favorable al considerar que la propuesta fortalece la protección institucional.
Además, se destacó que el contenido del dictamen mantiene congruencia con disposiciones ya contempladas en el Código Penal Federal para sancionar conductas similares.
De acuerdo a los objetivos que se emiten en el dictamen, el Poder Legislativo busca cerrar espacios a la vulneración de información estratégica y fortalecer la protección jurídica de los sistemas tecnológicos utilizados para preservar la seguridad pública.
