Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La falta de denuncias ha permitido durante años que agresiones contra menores permanezcan ocultas, por ello, el Congreso tamaulipeco busca cerrar esos vacíos legales con nuevas reformas.
La diputada Lucero Deosdady Martínez López explicó que actualmente existe mayor visibilidad sobre abusos, violencia y trata cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
Señaló que muchos casos permanecieron durante años fuera del conocimiento oficial, debido a que víctimas o familiares evitaban presentar denuncias ante las autoridades.
“Son casos que siempre han existido, pero no se denunciaban. Ahora ya se denuncian”, afirmó la legisladora al referirse al cambio registrado.
Ante esta realidad, el Congreso estatal analiza modificaciones legales destinadas a mejorar los mecanismos de protección y respuesta institucional frente a distintas agresiones.
Martínez López, explicó que las reformas también pretenden armonizar las disposiciones tamaulipecas con el marco federal vigente para actualizar la protección jurídica infantil.
La legisladora sostuvo que el interés superior de niñas, niños y adolescentes deberá permanecer como principio fundamental dentro de las modificaciones actualmente sometidas análisis.
Destacó que medios de comunicación y redes sociales han contribuido significativamente a revelar agresiones contra menores que anteriormente permanecían ocultas ante autoridades correspondientes.
Sin embargo, advirtió que visibilizar públicamente una agresión no reemplaza la denuncia formal, necesaria para activar investigaciones y medidas efectivas de protección.
Por ello, insistió en fortalecer las herramientas legales que permitan intervenir oportunamente, identificar víctimas y garantizar respuestas institucionales ante cualquier situación de violencia infantil.
Las modificaciones contemplan particularmente casos relacionados con abuso, violencia y trata de personas, considerados asuntos prioritarios para garantizar derechos fundamentales de menores.
La diputada sostuvo que actualizar las leyes permitirá mejorar la coordinación institucional y facilitar actuaciones cuando existan indicios de posibles delitos contra menores.
El objetivo central, afirmó, es que ninguna agresión quede fuera del conocimiento oficial por falta de mecanismos adecuados para denunciar y proteger víctimas.
