Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Entre 70 y 80 aprovechamientos clandestinos de agua fueron detectados preliminarmente dentro de la cuenca del río Soto La Marina, confirmó la Conagua en Tamaulipas.
La cifra todavía puede modificarse porque las inspecciones permanecen abiertas y forman parte de una revisión destinada a ordenar concesiones y detectar extracciones irregulares de aguas nacionales.
Jaime Felipe Cano Pérez, representante de Conagua en Tamaulipas, reconoció un incremento de tomas clandestinas, aunque señaló que todavía no existe una cantidad definitiva por las revisiones.
Paralelamente, la dependencia trabaja mediante decretos y facilidades administrativas para regularizar usuarios cuyas concesiones, títulos o permisos perdieron vigencia y mantienen aprovechamientos pendientes de actualizar.
El operativo comprende una superficie superior a 21 mil kilómetros cuadrados y mantiene bajo vigilancia diferentes afluentes, principalmente los correspondientes a los ríos Purificación, Corona y Pilón.
Cano Pérez explicó que las supervisiones pretenden ordenar concesiones y garantizar un aprovechamiento eficiente del recurso, además de identificar puntos donde exista extracción de agua sin autorización.
Solamente sobre una parte del recorrido correspondiente al río Corona, estimó el funcionario, han sido encontradas menos de cinco tomas clandestinas utilizadas para extraer el recurso hidráulico.
Las inspecciones contra el denominado “huachicol de agua” abarcan diferentes municipios comprendidos dentro de la extensa cuenca hidrológica del río Soto La Marina en territorio de Tamaulipas.
Entre las localidades sujetas a revisión aparecen Abasolo, Aldama, Burgos, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Mainero, Méndez y Padilla, además de otros municipios de la cuenca.
Las revisiones también alcanzan norias localizadas dentro de propiedades rurales y urbanas, debido a que el aprovechamiento de aguas nacionales requiere encontrarse debidamente autorizado por la autoridad.
Cuando una noria utiliza este tipo de recurso, explicó Cano Pérez, sus propietarios deben contar con permiso o concesión vigente, independientemente de encontrarse dentro de una propiedad particular.
El objetivo final es ordenar los aprovechamientos, combatir la extracción ilícita y garantizar un uso sustentable que permita preservar disponibilidad suficiente para el consumo doméstico en la región.
A nivel nacional, el reporte más reciente de Conagua identifica más de 52 mil títulos de concesión relacionados con posibles prácticas de extracción ilegal o fraudulenta de aguas nacionales.
