Hay cifras que derrumban discursos completos. En Tamaulipas, 732 mil personas trabajaron durante el segundo trimestre de 2026 bajo alguna condición de informalidad laboral.
Representan el 44.4 por ciento de la población ocupada. Es decir, prácticamente cuatro de cada diez tamaulipecos trabajan sin alcanzar plenamente las condiciones de formalidad.
El dato debería incomodar al Gobierno. Porque mientras los mensajes y declaraciones presumen bienestar y transformación, miles sobreviven trabajando sin seguridad social, estabilidad o prestaciones laborales.
Peor todavía: muchos reciben salarios insuficientes. Trabajan todos los días, cumplen jornadas completas y, aun así, permanecen demasiado lejos de alcanzar mejores condiciones de vida.
Ese es quizá el fracaso más doloroso de cualquier política económica: tener ciudadanos trabajando y descubrir que su esfuerzo continúa siendo insuficiente para abandonar la precariedad.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI ofrece un matiz importante: la informalidad disminuyó aproximadamente en 36 mil trabajadores respecto al mismo periodo de 2025.
Hay que reconocerlo. Pero tampoco 36 mil personas menos pueden convertir en buena noticia que todavía existan 732 mil tamaulipecos atrapados dentro de alguna condición informal.
Además, el sector informal estrictamente considerado caminó en sentido contrario: alcanzó 418 mil trabajadores, aproximadamente nueve mil más frente al segundo trimestre del año pasado.
Eso significa que una cuarta parte de la población ocupada de Tamaulipas permanece directamente dentro del sector informal. Demasiado para cualquier gobierno que presuma transformación económica.
El problema tampoco termina ahí. La informalidad incluye personas que trabajan para unidades económicas formales, pero continúan laborando sin acceso efectivo a la seguridad social.
Es decir, existen empresas formalmente establecidas y trabajadores informalmente protegidos. El negocio puede encontrarse dentro de la legalidad mientras el empleado permanece afuera de sus beneficios.
Tamaulipas contabilizó un millón 648 mil 786 personas ocupadas. Sin embargo, fueron cuatro mil 482 menos respecto al mismo trimestre registrado durante el año anterior.
Otros 54 mil 149 tamaulipecos permanecieron desempleados y 117 mil estaban subocupados, buscando trabajar más horas porque aquello que actualmente reciben simplemente no resulta suficiente.
Entonces la discusión debería superar aquella cómoda celebración gubernamental de cuántos empleos existen. Importa saber cuánto pagan, qué prestaciones ofrecen y cuánto bienestar generan realmente.
Conseguir empleo en Tamaulipas para continuar siendo pobre difícilmente puede presentarse como éxito. Tener ocupación sin seguridad social tampoco debería confundirse automáticamente con verdadera justicia laboral.
Aquí aparece además una consecuencia políticamente incómoda: mientras menos posibilidades tenga una familia de mejorar mediante su trabajo, mayor importancia adquieren las transferencias públicas para sobrevivir.
Los programas sociales son derechos y pueden resultar indispensables para millones. El problema comienza cuando sustituyen oportunidades de movilidad económica, empleos formales y salarios verdaderamente suficientes.
Porque entonces aparece una relación peligrosa: ciudadanos que deberían fortalecer sus ingresos mediante mejores empleos terminan dependiendo cada vez más del dinero transferido desde el Gobierno.
Convertir esa dependencia económica en lealtad electoral sería todavía más delicado. Ningún ciudadano debería sentir que votar diferente significa poner en riesgo un apoyo público.
Morena presume justamente sus programas sociales como una de sus mayores fortalezas políticas. Pero gobernar debería significar conseguir que cada vez menos familias necesiten depender exclusivamente de ellos.
La verdadera transformación tendría que conseguir trabajadores mejor pagados, asegurados, con prestaciones y posibilidades reales de construir patrimonio, no únicamente beneficiarios capaces de completar ingresos insuficientes.
Una política social verdaderamente exitosa debería abrir caminos para abandonar la precariedad, no construir condiciones económicas donde recibir permanentemente una transferencia resulte indispensable para sobrevivir.
Tamaulipas necesita inversión, formalidad, mejores salarios y movilidad social. Necesita que trabajar vuelva a significar avanzar y no solamente conseguir dinero suficiente para llegar hasta mañana.
El 44.4 por ciento de informalidad laboral representa mucho más que una estadística. Son 732 mil historias que contradicen cualquier narrativa donde tener trabajo significa tener bienestar.
Ahí está la paradoja: trabajan, producen y sostienen parte de la economía, pero permanecen vulnerables.
Si esa precariedad termina produciendo dependencia política, estaríamos frente a una estrategia temeraria. Si solamente es consecuencia de una economía insuficiente, entonces estamos frente a un fracaso preocupante.
En cualquiera de los dos escenarios existe una deuda. Después de tantos discursos sobre bienestar, demasiados tamaulipecos continúan enfrentando una realidad brutal: trabajar para seguir siendo pobres.
