Ciudad de México.- Pacientes con enfermedades incurables y familiares salieron a las calles para protagonizar la primera marcha que exige legalizar la eutanasia y reconocer una muerte digna.
Bajo las consignas “¡Mi cuerpo, mi vida!” y “¡Mi vida, mi muerte, mi decisión!”, decenas de manifestantes comenzaron su recorrido desde el emblemático Palacio de Bellas Artes.
La movilización avanzó con una particular condición: algunos participantes enfrentan enfermedades graves y requirieron mantenerse atentos para auxiliarse mutuamente ante cualquier complicación durante el trayecto capitalino.
Los manifestantes entregaron al Congreso y Gobierno capitalinos, además de la Presidencia de la República, resultados de consultas y documentos que respaldan legislar sobre eutanasia.
Entre quienes encabezaron la protesta estuvo Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica terminal e impulsora de la denominada Ley Trasciende, iniciativa construida desde los propios pacientes.
Martínez aseguró que la lucha lleva años enfrentando resistencias políticas y explicó que la propuesta no pretende promover la muerte, sino establecer condiciones legales para humanizarla.
La activista cuestionó que autoridades gubernamentales hayan mantenido, según afirmó, “oídos sordos” frente al planteamiento y reprochó también el desinterés mostrado por algunos integrantes del Poder Legislativo.
Durante el último año, sostuvo, pacientes y familiares agotaron espacios institucionales buscando abrir una discusión formal sobre una legislación que permita decidir ante enfermedades irreversibles y sufrimiento extremo.
La propuesta actual representa el séptimo intento para legalizar la eutanasia, pero sus promotores destacan una diferencia fundamental: esta ocasión son directamente los pacientes quienes encabezan la exigencia.
“No es de un político por colgarse una medalla”, afirmó Martínez, al señalar que detrás del movimiento existe exclusivamente el interés de ayudar a quienes necesitan alternativas.
Para la promotora, el Congreso requiere abandonar “el miedo y la tibieza” y discutir abiertamente una legislación que enfrenta dilemas médicos, jurídicos, éticos y profundamente personales.
La Ley Trasciende plantea despenalizar y regular jurídicamente la ayuda médica para morir mediante eutanasia, bajo condiciones específicas y mediante una solicitud expresa formulada voluntariamente por cada paciente.
El procedimiento estaría dirigido a personas diagnosticadas con enfermedades crónicas, degenerativas o avanzadas, bajo criterios médicos establecidos que acrediten condiciones graves y amenazas permanentes contra su salud.
Los impulsores sostienen que se trataría de un procedimiento médico regulado e indoloro, sujeto a requisitos legales destinados a garantizar que cualquier determinación sea personal, informada y voluntaria.
Pero mientras la discusión permanece pendiente, los pacientes advierten que cada aplazamiento tiene consecuencias distintas para quienes enfrentan enfermedades progresivas donde las condiciones físicas pueden deteriorarse rápidamente.
“Los tiempos legislativos no son los tiempos de la enfermedad”, resumió Martínez al describir el desgaste y desesperanza provocados por una discusión que continúa esperando definiciones institucionales.
La primera marcha colocó así la eutanasia nuevamente frente al poder político, pero ahora desde quienes reclaman decidir sobre el último tramo de sus propias vidas.
