Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las protestas con ataúdes no aceleran los juicios laborales ni forman parte de su procedimiento legal, mientras dos expedientes registran avances concretos hacia su ejecución.
Francisco Juárez Pineda, abogado relacionado con los procedimientos de Marisol Uriegas, reconoció avances en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y marcó distancia de las manifestaciones callejeras.
El litigante explicó que permanecen tres juicios laborales pendientes, pero dos se encuentran ya en vías de ejecución mediante actuaciones desarrolladas directamente ante las respectivas autoridades laborales.
El tercer expediente sigue una ruta diferente: permanece sujeto a la resolución de un amparo directo que deberá resolver un Tribunal Colegiado, fuera de competencia de las Juntas.
“Dos de ellos están aquí en vías de ejecución por parte de la Junta”, confirmó Juárez Pineda al explicar la situación procesal que mantienen actualmente los expedientes.
Entre los movimientos recientes aparece una convocatoria para remate, además de otro auto de ejecución, determinaciones que el propio representante legal reconoció como avances dentro de ambos procedimientos.
Frente a esos acuerdos, Juárez Pineda sostuvo que trasladar el conflicto hacia manifestaciones públicas, particularmente utilizando ataúdes como instrumento de presión, tampoco modifica los tiempos establecidos jurídicamente.
Las protestas, explicó, constituyen decisiones ajenas al procedimiento laboral, porque las controversias continúan sujetas a acuerdos, resoluciones y actos de ejecución determinados mediante las instancias legalmente competentes.
Su posicionamiento establece así una separación entre la estrategia pública utilizada para visibilizar el conflicto y la ruta jurisdiccional mediante la cual deberán finalmente resolverse las demandas laborales pendientes.
“Es un tema extralegal”, puntualizó Juárez Pineda al referirse a las manifestaciones, señalando que corresponden exclusivamente a una determinación particular adoptada por quienes integran la parte actora.
Precisó que esas acciones tampoco forman parte del procedimiento desarrollado dentro de las Juntas de Conciliación y, por tanto, carecen de efectos directos sobre las resoluciones de los expedientes.
En contraste, el abogado reconoció disposición de las autoridades laborales para continuar desahogando los procedimientos y avanzar hacia su resolución mediante las etapas establecidas por la legislación correspondiente.
Señaló que representantes de las Juntas han expresado voluntad para garantizar una justicia pronta y expedita, particularmente en aquellos expedientes que entraron ya en su fase de ejecución.
“Nos han dado la palabra”, expresó Juárez Pineda al confiar en que las autoridades cumplirán los actos todavía pendientes para continuar materializando las resoluciones emitidas dentro de los juicios.
Uno de los expedientes tiene una orden de embargo pendiente de ejecutarse, mientras otro alcanzó ya la etapa de remate y cuenta con fecha establecida para desarrollar ese procedimiento.
Antes del remate deberán cumplirse las publicaciones correspondientes y demás formalidades previstas, pasos necesarios para garantizar legalidad antes de continuar con la ejecución ordenada por la propia autoridad laboral.
Juárez Pineda reconoció además que no toda la responsabilidad recae actualmente sobre las Juntas, porque una vez emitidos determinados autos corresponde también a la parte actora impulsar su ejecución.
“El impulso de nosotros, los autos ya están emitidos por parte de la Junta”, admitió el abogado al reconocer las obligaciones procesales que ahora corresponden asumir a sus representados.
