Ciudad Victoria.- Cuatro jueces de Tamaulipas enfrentan procedimientos de responsabilidad y uno permanece separado de sus funciones mientras se determina su situación, confirmó la presidenta del Poder Judicial.
Tania Gisela Contreras López advirtió que las actuaciones de los juzgadores están sujetas al escrutinio público y cualquier resolución donde exista evidente parcialidad puede generar consecuencias disciplinarias.
La magistrada presidenta señaló que actualmente existen servidores públicos sancionados con medidas que van desde amonestaciones hasta multas, principalmente derivadas de incumplimientos relacionados con actividades administrativas.
Sin embargo, explicó que existen casos cuya gravedad amerita separar temporalmente al juzgador mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente, evitando que continúe ejerciendo funciones durante la investigación.
Contreras López sostuvo que estas decisiones buscan garantizar que quienes impartan justicia cuenten con capacidad profesional y solvencia moral suficientes para asumir la responsabilidad que representa resolver controversias.
A partir de la elección judicial, añadió, jueces y magistrados asumieron un compromiso diferente frente a la sociedad, acompañado de una mayor exposición pública sobre sus actuaciones y resoluciones.
Cada juzgador, expresó, ahora tiene “rostro y nombre”, mientras la transparencia permite que ciudadanos conozcan resoluciones, videos y diferentes actuaciones desarrolladas por servidores públicos dentro del Poder Judicial.
Esa apertura, consideró, incrementa la responsabilidad de los juzgadores y debe caminar conjuntamente con su independencia, sin impedir que posibles actuaciones indebidas sean conocidas, investigadas y eventualmente sancionadas.
La presidenta afirmó que también cambió el enfoque dentro de los órganos judiciales y disciplinarios, buscando que el personal deje de observar los asuntos únicamente como expedientes acumulados.
La nueva visión, explicó, pretende sensibilizar a trabajadores y juzgadores sobre las personas involucradas en cada procedimiento, entendiendo que detrás de los expedientes existen vidas afectadas por sus decisiones.
Contreras López reveló además que recibió un Poder Judicial con problemas laborales que requerían atención inmediata, particularmente por los bajos ingresos que percibían algunos trabajadores de la institución.
Incluso, aseguró, encontraron personal cuyos ingresos estaban por debajo del salario mínimo, situación que calificó incompatible con la obligación institucional de respetar los derechos económicos de sus trabajadores.
El problema fue atendido durante marzo y actualmente, afirmó, todo el personal tiene garantizado cuando menos el salario correspondiente, además de ajustes realizados en los siguientes niveles salariales.
Otro diagnóstico reveló que la mayor presión de trabajo se concentraba en materia penal, donde existían retrasos considerables para programar audiencias y algunos procedimientos acumulaban esperas de hasta seis meses.
Para reducir ese rezago fueron habilitadas audiencias durante turnos vespertinos, sábados y domingos, ampliando la capacidad operativa de los tribunales para atender los asuntos pendientes con mayor rapidez.
Contreras López aseguró que esta estrategia permitió reducir los tiempos de espera y avanzar hacia una justicia más pronta y expedita, mientras continúan los mecanismos de vigilancia sobre juzgadores.
