Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas acatará la sentencia que invalidó restricciones electorales locales, aunque su presidente, Humberto Prieto Herrera, rechazó el criterio utilizado.
El también coordinador de Morena sostuvo que no comparte la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aseguró que será respetada institucionalmente.
La Corte invalidó el decreto 66-1146, que establecía restricciones para aspirantes municipales vinculados a proceso, bajo prisión preventiva o con sentencia por delitos dolosos.
Prieto cuestionó que los ministros no analizaran el contenido de la reforma y centraran su resolución en el momento constitucional en que fue aprobada y publicada.
La modificación al Código Municipal apareció el primero de julio, dentro del periodo de 90 días en que están prohibidos cambios fundamentales antes del proceso electoral.
El legislador recordó que previamente se había solicitado una opinión al Tribunal Electoral, instancia que, según explicó, consideró que la modificación no alteraba sustancialmente las reglas electorales.
Prieto argumentó que el Congreso pretendía actualizar conceptos jurídicos relacionados con procesos penales y no modificar las condiciones fundamentales bajo las cuales se desarrollaría la elección.
Sin embargo, cuando el asunto llegó nuevamente al pleno de la Suprema Corte, los ministros invalidaron el decreto por incumplir la prohibición constitucional de modificar normas electorales.
“No estamos de acuerdo; sin embargo, vamos a acatar lo que la Suprema Corte dice”, expresó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal.
Prieto agregó que, desde su interpretación, la sentencia surtirá efectos a partir de su notificación y no modificará automáticamente decisiones adoptadas previamente por órganos legislativos locales.
El diputado advirtió que la anulación podría permitir postulaciones de personas sujetas a determinados procesos judiciales, aunque existen otros mecanismos para revisar antecedentes de aspirantes electorales.
Recordó que a nivel nacional se han planteado filtros destinados a detectar posibles vínculos delictivos, pero la decisión final sobre candidaturas continuará correspondiendo a los partidos.
