En mayo pasado, la playa de La Pesca fue escenario de una tragedia que todavía debería dolernos. Un niño de apenas seis años murió tras ser arrollado por uno de esos vehículos conocidos como “Razer”, mientras jugaba en la arena, en un espacio donde cualquier familia tendría derecho a sentirse segura.
Después vino lo de siempre. El reparto de culpas, los deslindes, las explicaciones apresuradas y esa vieja costumbre de los funcionarios de mirar hacia otro lado cuando llega la hora de asumir responsabilidades. Nadie fue. Nadie supo. Nadie pudo evitarlo.
Lo que sí abundó fueron las promesas. Se anunció mano dura, vigilancia permanente y restricciones para impedir que los vehículos motorizados circularan entre bañistas y familias. Se habló de orden, de seguridad y hasta de operativos especiales para que una tragedia así no volviera a repetirse.
La alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, fue particularmente insistente. Aseguró que se pondría un alto al desorden en La Pesca y que la zona familiar sería protegida con firmeza. La intención sonaba bien. El problema es que las buenas intenciones duran muy poco cuando la autoridad se cansa de cumplirlas.
Cuatro meses después, la realidad demuestra que aquellas palabras se las llevó el viento. En La Pesca siguen circulando vehículos de todo tipo por zonas donde hay niños corriendo, familias descansando y personas que acuden simplemente a disfrutar del mar sin pensar que deben cuidarse también de ser atropelladas.
Lo más grave no es solamente que las unidades continúen entrando. Lo verdaderamente preocupante es la facilidad con que una tragedia acaba convertida en estadística, en expediente o en recuerdo incómodo. Mientras el dolor permanece para una familia, para la autoridad el problema parece tener fecha de caducidad.
Ahí está la parte más dolorosa del asunto. Panchito no fue una cifra ni una nota de periódico. Era un niño que jugaba en la arena. Tenía una familia, una historia que apenas comenzaba y toda una vida por delante. Su muerte debió ser suficiente para cambiar de raíz la manera de vigilar nuestras playas.
Pero no ocurrió. Y cuando la autoridad incumple después de una tragedia, el mensaje es terrible: basta esperar unas semanas para que todo vuelva a ser como antes. Se apagan las cámaras, disminuye la presión pública, los funcionarios dejan de hablar del tema y el desorden recupera su sitio.
No se necesitan reglamentos sofisticados para entender que un vehículo motorizado no debe circular donde juegan los niños. Tampoco hace falta una nueva ley. Lo indispensable es voluntad para hacer cumplir las reglas, vigilancia constante y funcionarios dispuestos a incomodar a quien sea necesario con tal de proteger vidas.
La seguridad no puede depender de temporadas, operativos especiales ni discursos pronunciados cuando ocurre una desgracia. Debe ser una obligación cotidiana. De poco sirve colocar restricciones después de una muerte si meses más tarde nadie las vigila y cada quien vuelve a hacer lo que quiere.
Lo ocurrido en La Pesca exhibe un defecto demasiado común en el servicio público: la memoria corta. Nos indignamos mientras el dolor está fresco, anunciamos medidas, prometemos que “nunca más” y después dejamos que el tiempo borre compromisos que jamás debieron olvidarse.
Ojalá no tengamos que lamentar otra tragedia para que las autoridades vuelvan a recordar la muerte de aquel niño de seis años.
EL RESTO.
FIESTA EN GRANDE.- En la Auditoría Superior del Estado preparan un fiestón con motivo del 25 aniversario de su fundación en Tamaulipas.
El titular, Francisco Noriega Orozco, alista un magnoevento que tendría como invitados especiales al gobernador, Américo Villareal Anaya, al Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, y el presidente de la comisión de Vigilancia de la ASF en la cámara de diputados, el “verde”, Javier Herrera.
El evento será en grande. Ni más ni menos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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La memoria corta de la autoridad
