México ha entrado nuevamente en tiempos electorales.
Aparecen nombres, fotografías, encuestas, selfies, pero en medio de tanto movimiento existe una ausencia que debería preocuparnos:
¿dónde están los proyectos?
Porque una democracia basada en partidos políticos debería permitir que la ciudadanía escogiera entre diferentes concepciones de país.
Tanto la izquierda como la derecha debería explicar qué sociedad pretende construir, que modelo económico defienden, qué política fiscal proponen, qué papel debe desempeñar el Estado, cómo garantizar derechos.
Después vendrían los candidatos.
Hoy pareciera ocurrir exactamente al revés.
Primero encontramos al personaje.
Después buscamos un partido que lo postule.
Y, finalmente, si queda tiempo, escribimos el programa.
Éste es uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia.
Cuando una organización política posee un proyecto ideológico sólido, los personajes son importantes, pero no imprescindibles.
Puede cambiar un candidato, sustituirse un dirigente, desaparecer una figura histórica, pero el proyecto continúa.
En cambio cuando todo se construye alrededor de una persona, si esa persona abandona la candidatura, cambia de partido o pierde interés, también desaparece el supuesto movimiento.
Entonces descubrimos que nunca hubo movimiento,había candidato, no proyecto, era una aspiracion personal
Por eso vemos personajes capaces de pasar de un partido a otro sin experimentar ningún conflicto ideológico.
Hoy son de derecha , mañana se dicen de izquierda y pasado mañana regresan nuevamente a la derecha.
Como escribimos anteriormente al hablar de la sociedad líquida, algunos políticos contemporáneos parecen adoptar las propiedades físicas de los líquidos:
toman la forma del recipiente que los contiene.
El problema no consiste únicamente en que cambien de partido , pueden modificar legítimamente sus ideas.
El problema es que nunca sabemos cuáles eran esas ideas.
Quienes tenemos coincidencias con las aspiraciones de justicia social que dieron origen a la Cuarta Transformación tenemos una responsabilidad todavía mayor:
hacer autocrítica.
Sería absurdo negar los avances, las pensiones para adultos mayores adquirieron rango constitucional, se ampliaron programas de becas, apoyos para personas con discapacidad, el salario mínimo ha experimentado una recuperación importante.
Son acciones concretas que deben reconocerse.
Pero reconocerlas no obliga a cerrar los ojos frente a una pregunta mayor:
¿hemos transformado realmente las estructuras del modelo económico o hemos construido mecanismos sociales para compensar algunos de sus efectos?
Ejemplo : el Banco de México continúa siendo constitucionalmente autónomo, no se ha implementado una reforma fiscal que coloque en el centro del debate la tributación de las grandes fortunas y la concentración extraordinaria de riqueza.
El salario mínimo ha aumentado considerablemente, pero la propia Constitución establece una aspiración mucho más ambiciosa: debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de una familia en los órdenes material, social y cultural.
La pregunta desde la izquierda no puede ser solamente:
¿estamos mejor que antes?
También debemos preguntar:
¿hacia qué modelo de sociedad estamos caminando?
Porque mejorar las condiciones dentro de una estructura no necesariamente significa haber transformado esa estructura.
Existe además un lenguaje político que debería preocuparnos.
Lo escuchamos diariamente.
“Por instrucciones de la Presidenta…”
“Por indicaciones del gobernador…”
“El presidente municipal nos instruyó…”
Podríamos cerrar los ojos y pensar que estamos escuchando discursos de los años setenta, ochenta o noventa del siglo pasado.
¿Dónde quedó el programa de gobierno?
Un secretario debería decir:
“Esta acción forma parte del programa nacional que aprobamos para alcanzar determinado objetivo”.
Un funcionario estatal debería explicar:
“Esta obra corresponde al plan de desarrollo y cumple esta meta”.
Un legislador debería decir:
“Votamos de esta manera porque corresponde a nuestra plataforma política y a nuestros principios”.
El lenguaje importa.
Porque cuando todo ocurre “por instrucciones” del gobernante, terminamos construyendo en el imaginario colectivo la idea de que el Estado funciona gracias a la voluntad de una persona.
Y eso no construye instituciones.
Construye caudillismo.
La misma reflexión debe llegar al Congreso.
Diputados y senadores pertenecientes a la coalición gobernante tienen derecho a coincidir con la titular del Ejecutivo y seguramente coincidirán muchas veces, pero tienen la obligación constitucional de :
legislar , auditar, aprobar y/o modificar el paquete económico incluso discrepar, una iniciativa presidencial no debería convertirse automáticamente en mandato parlamentario.
El Poder Legislativo, debe deliberar, argumentar la discrepancia fundamentada no debería entenderse como deslealtad al movimiento , menos como traición, por eso resultan preocupantes los discursos que sugieren que quienes discrepen políticamente serán posteriormente juzgados por el pueblo en las elecciones.
Naturalmente que el pueblo juzga electoralmente.
Ésa es la democracia.
Pero cuando esa advertencia proviene del liderazgo político más poderoso del país hacia integrantes de su propia coalición, puede generar un efecto inhibidor.
La transformación necesita auténticos legisladores, no solamente votos.
Otro debate del poder legislativo, es sobre su tamaño , existen propuestas para disminuirlo, como hicieron con los cabildos.
Yo plantearía la discusión exactamente al revés:
¿estamos suficientemente representados?
La historia resulta ilustrativa.
En 1971 la Constitución establecía aproximadamente un diputado por cada 250 mil habitantes.
La reforma política de 1977 amplió a 300 distritos uninominales y añadió representación proporcional.
Hoy seguimos teniendo esos mismos 300 distritos de mayoría, aunque México ha crecido enormemente, nuestra lista nominal supera ya los 102 millones de electores.
Si dividimos ese electorado solamente entre los 300 diputados de distrito, tenemos alrededor de 340 mil electores por diputado de mayoría.
No es exactamente comparable con la antigua regla basada en habitantes, pero permite observar la magnitud de la representación actual.
¿La respuesta democrática debería ser reducir representantes?
Desde mi perspectiva, deberíamos discutir precisamente lo contrario:
cómo acercar nuevamente al representante con el representado.
Entre más grande sea la distancia entre ambos, más fácil resulta que el diputado termine respondiendo al dirigente que decidió su candidatura y no a la comunidad que representa.
Otro problema es que , durante estos años hemos escuchado constantemente la idea de eliminar intermediarios, es comprensible cuando significa acabar con personas que retenían recursos destinados a los beneficiarios.
Pero debemos tener cuidado.
Una organización popular no es necesariamente un intermediario.
Puede ser un sindicato democrático, una organización campesina, un colectivo ciudadano, que son formas mediante las cuales individuos aislados se convierten en sujetos colectivos y construyen Poder Popular.
El neoliberalismo , nos convirtió en consumidores, trabajadores, deudores individuales, un gobierno de izquierda no debería fomentar esa fragmentación.
Debería reconstruir comunidad.
Por eso necesitamos ir más allá de la democracia que aparece cada tres años para pedirnos un voto, requerimos construir democracia participativa, organización por colonias, barrios , asambleas populares espacios donde la ciudadanía discuta el presupuesto, servicios públicos, seguridad, desarrollo urbano, agua, educación y prioridades sociales.
Eso es comenzar a construir poder popular.
No para sustituir las instituciones, mas bien para obligarlas a cumplir, pues un ciudadano aislado pide y un pueblo organizado participa en las decisiones.
México no necesita más candidatos buscando partido, necesita una nueva generación de cuadros políticos con formación, principios, disciplina, pensamiento crítico y vínculo con las comunidades.
Una política nuevamente sólida con principios, que coloque el proyecto colectivo por encima de la carrera personal.
Y quizá antes de preguntar quién será candidato en 2027 deberíamos formula una pregunta trascendental:
¿Qué proyecto de nación queremos?
Cuando respondamos está pregunta podremos buscar a las mujeres y hombres capaces de representar ese proyecto.
No al revés.
