La vacante en la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales abre una negociación política. También ofrece la oportunidad de revisar compromisos pendientes y perfiles con experiencia.
Entre los nombres que podrían considerarse aparece Josefina Rivera Vázquez, abogada con trayectoria en procuración de justicia desde los tiempos de la antigua Procuraduría tamaulipeca.
Su paso por la Fiscalía Anticorrupción le permitió conocer investigaciones y procedimientos especializados, cuando Jesús Eduardo Govea Orozco, encabezaba esa institución antes de asumir otra responsabilidad.
Hoy Govea dirige la Fiscalía General, circunstancia que podría colocar nuevamente el perfil de Rivera sobre la mesa, siempre que exista voluntad de proponerla formalmente.
No sería la única opción. Javier Córdoba González, aparece entre los perfiles mencionados, después de realizar tareas operativas y acompañar políticamente a la actual administración.
Quienes conocen su trayectoria destacan disciplina y trabajo territorial, pero también señalan que sus esfuerzos no se tradujeron en el reconocimiento institucional que esperaba recibir.
El nombramiento podría representar una oportunidad para evaluar su experiencia electoral, aunque ninguna designación debería resolverse como pago por servicios políticos prestados en el pasado.
Josefina Rivera y Javier Córdoba merecen, al menos, una valoración pública de sus credenciales. La Fiscalía Electoral necesita conocimiento jurídico, autonomía y capacidad para investigar.
Hay una diferencia entre reconocer trayectorias y repartir posiciones. La responsabilidad de perseguir delitos electorales exige independencia, especialmente cuando las disputas partidistas comienzan a intensificarse.
Y mientras se discuten nombramientos, otra escena política dejó material para comentar: la entrevista de la diputada Silvia Chávez Garay con reporteros de la fuente del Congreso del Estado el pasado martes.
La legisladora de Morena por San Fernando, hablaba sobre sus iniciativas y se presentó como una de las más productivas, pero no precisó cuáles habían sido aprobadas ni sus efectos.
El intercambio terminó cuando pidió concluir las preguntas porque la esperaban en su oficina para celebrar su cumpleaños. La anécdota dejó pendiente una explicación legislativa.
No se trata de cuestionar una celebración personal, sino de la oportunidad desaprovechada: quien presume productividad debería explicar resultados, reformas aprobadas y beneficios para ciudadanos.
En tiempos de exigencia pública, los legisladores necesitan menos declaraciones triunfalistas y más cuentas claras. La tribuna sirve para proponer; la prensa, preguntar y contrastar.
Silvia Chávez Garay prefirió llegar a su festejo. Quedó una pregunta sencilla, más difícil que apagar las velas: ¿qué resultados concretos dejó su trabajo legislativo hasta hoy en la 66 legislatura?… pues quizás si hubieran invitado al festejo, ahí la entrevista hubiera seguido.
