(Agencias)
México, DF.- Representantes de organismos internacionales y nacionales urgieron a expedir una ley general contra la desaparición forzada y tortura.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó su disposición a trabajar con el Senado en la elaboración de leyes generales, “ya que esto contribuiría a fortalecer las bases para enfrentar esos problemas”.
Olga María del Carmen Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió que hace 20 años se tenía una idea de los derechos humanos muy limitada.
Llevaba a cabo la interpretación constitucional con herramientas teóricas que no correspondían con sus nuevas atribuciones ni con la realidad, y el espectro era acotado, anotó.
El país era otro, los problemas eran otros, pero la necesidad de diálogo siempre ha estado presente. Además expresó su anhelo de establecer mecanismos de diálogo democrático entre poderes y actores políticos, a partir de su experiencia y de sus funciones.
Insistió en que la nación necesita dialogar y dejar atrás atavismos provenientes de visiones desgastadas de los derechos del Estado y los enfrentamientos que tanto daño le han hecho.
El gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rubén Moreira Valdez, señaló que a pesar de los avances en la materia aún faltan muchísimas cosas por hacer como generar una ley contra la desaparición de personas.
“Mi entidad ha padecido esa terrible tragedia”, dijo y opinó que es momento de enfrentar las recomendaciones de organismos internacionales y no esperar a que solamente el Gobierno Federal se haga cargo de las responsabilidades, pues también es de los estados y municipios. Se debe enfrentar como un Estado federado.
El director ejecutivo Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, advirtió que la democracia mexicana, que tantos años y tanto esfuerzo ha tomado construir, está en riesgo.
A su parecer, la crisis de derechos humanos no se resolverá volteando la mirada, reaccionando de manera defensiva ante la crítica ni con el paso del tiempo. El país requiere que los senadores se comporten como estadistas y no como políticos y reconozcan la magnitud de la situación.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció los hechos ocurridos en Iguala y el fenómeno de desaparición forzada.
Por ello, dijo, está pendiente impulsar una respuesta legislativa integral en términos recomendados a México por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU y recientemente por el Comité de Desapariciones Forzadas.
