Por Eduardo Piali
Los ciudadanos de Nuevo Laredo se alarman cuando les informan que el obispo de dicha frontera, Gustavo Rodríguez Vera, fue enviado a una Arquidiócesis de Yucatán para encubrir –más no limpiar– las manchas que los 20 años de su anterior arzobispo, Emilio Carlos Berlié Belaunzarán, dejaron para la curia eclesiástica.
Esta transferencia fue anunciada hace dos días. Ahí, ciudadanos y medios de comunicación se conmovieron al escuchar que Rodríguez Vera decía adiós a la frontera; pero nadie pensó ni analizó su próximo destino.
La Arquidiócesis de Yucatán recibió a Berlié Belaunzarán en 1995 directo de Tijuana, donde dos años antes, aún con su investidura de obispo, fue imputado de encubrir un encuentro entre el nuncio Girolamo Prigione y la familia Arellano Félix, orquestada por el sacerdote Jorge Montaño. Esto, de acuerdo a la revista Proceso, se llevó a cabo “bajo conocimiento de Berlié” para exculpar a los narcotraficantes del asesinato del cardenal Posadas Ocampo.
Ante esto, el vocero del purpurado yucateco, Presbítero Jorge Martínez Ruz, subrayó que ello “se desmintió y no podemos asegurar nada en este aspecto”, pues tras su llegada en 1995, lo único que pronunció Berlié fue: “son calumnias”.
Pero su transferencia de punta a punta fue sólo la primer “bomba”.
En 2002, el padre Teodoro Baquedano Pech, quien entonces servía en la comunidad de Nolo, municipio de Tixkokob, fue demandado desde Estados Unidos por abuso sexual a una menor.
La información, dada a conocer al mundo tras su publicación en The Washington Post, obligó a la Arquidiócesis censurar cualquier movimiento eclesiástico durante varios días. Belaunzarán guardó silencio y encubrió al hombre de Dios quien ahora, según Martínez Ruz, descansa tranquilo en una casa de reposo, sin nunca haber enfrentado ni pisado una sala de juicios.
El último escándalo se generó en 2014, cuando un sacerdote misionero del Espíritu Santo, ajeno a la Arquidiócesis pero dando “la Palabra” dentro dé, fue exhibido a través de conversaciones vía mensaje de texto con otro hombre a quien le escribió que le “gustan los niños, la pornografía y el sadomasoquismo”.
Y aunque un fuerte pronunciamiento para exigir una “investigación exhaustiva” sobre el asunto, al final sólo le quitaron la licencia, pero sin indagar sobre la posibilidad de que hubiera infantes involucrados, tal y como él lo aseguró.
“Ninguna autoridad de esta Arquidiócesis ha ofrecido algún tipo de compensación económica para callar la voz de la persona que decidió hacer pública sus acusaciones en contra del mencionado religioso”, se lee en el comunicado difundido tras este caso.
Sin embargo, el problema no es que el obispo Gustavo sea enviado a un lugar que, comparado con la diócesis de Nuevo Laredo, necesita de una purificación a detalle, sino que los ciudadanos, en pleno siglo XXI y tras estas declaraciones, se niegue a ver que el encubrimiento al interior de la institución es a gran escala; se rehúsa a aceptar que la relación iglesia-Estado se presenta en desastres naturales, eventos sociales y el fomento a los valores familiares a través de templos edificados con dinero del narcotráfico.
