Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) reforzar y ampliar el programa Somos Mexicanos, a fin de que los connacionales repatriados de Estados Unidos cuenten con asistencia y asesoría para regresar con sus familias e incorporarse a la vida productiva del país.
Precisó que esa acción se concretaría mediante la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Segob, así como del Instituto Nacional de Migración (INM).
También pidió a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a reforzar sus respectivos programas para la reincorporación productiva y social de mexicanos repatriados e instrumentar medidas para garantizar sus derechos fundamentales.
El punto de acuerdo avalado por el pleno destaca que el centro de estudios TRAC de la Universidad de Siracusa informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), pidió la deportación de 22 mil 538 mexicanos durante los primeros seis meses de 2015.
“Los mexicanos fueron la comunidad inmigrante que registró mayor número de peticiones de deportación del DHS, seguidos de los salvadoreños, con nueve mil 590 y guatemaltecos, nueve mil 188, hondureños, cinco mil 927 y los chinos, con tres mil 037 solicitudes”.
“Del total de migrantes contra los que se iniciaron trámites de deportación, 35 por ciento fueron mexicanos, esto cuando en 2014 fue de 25 por ciento”, señala el documento.
Los legisladores destacaron que entre 2003 y 2012 Estados Unidos deportó a México a más de 4.6 millones de migrantes, en contraparte el flujo de mexicanos sin documentos hacia ese país disminuyó en dos tercios entre 2007 y 2012.
Sin embargo, en el mismo periodo el flujo de deportados hacia México sólo ha bajado un tercio, de 573 mil en 2007 a 352 mil en 2012.
“Esa diferencia proporcional refleja una política anti-inmigrante más agresiva, ya que las deportaciones bajo orden de retiro se incrementaron a más del doble desde 1998, cuya cifra pasó de 139 mil 928 a 293 mil 966 en 2011”, indicaron.
Los legisladores subrayaron que poco más de 70 por ciento de los deportados contaba con trabajo y 18 por ciento de ellos reconocía a Estados Unidos como su país de residencia.
Esa situación ha influido directamente en que durante los últimos cinco años aumentó la separación familiar, pues hace tres años 77 por ciento de los mexicanos fueron deportados sin sus familiares, mientras que en 2007 eran sólo 20 por ciento.
Otro aspecto que destaca el dictamen es que en comparación con migrantes que van a trabajar a Estados Unidos, los que regresan suelen ser de mayor edad y presentan un número considerable de enfermedades.
Sus males están relacionados “con sus condiciones de vida y trabajo en Estados Unidos, así como en algunos casos con la detención y el retorno forzado a México”, señalaron.
Existe una alarmante diferencia de síntomas emocionales entre los deportados, casi 20 veces más que los que presentan los de retorno voluntario.
En ese sentido, indicaron que un dato preocupante es que 65 por ciento de los deportados carece de afiliación a servicios públicos de salud en México”.
En otro punto de acuerdo, la Comisión Permanente exhortó a las entidades federativas y al Distrito Federal a fortalecer acciones para coadyuvar en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos a partir del principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.
En materia de trata de personas, la Comisión Permanente solicitó a la Segob promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir ese tipo de delito.
En otro punto de acuerdo, manifestó su satisfacción por el retiro de Cuba de la lista de países que incumplen plenamente con estándares mínimos para la eliminación de ese delito.
En cuanto a educación, el Legislativo solicitó a la Secretaria de Educación Pública revisar los convenios relativos a subsidios federales para niveles medio superior y superior.
Asimismo a subsidios para centros de educación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a fin de evaluar la posibilidad de incorporar las observaciones formuladas por la Auditoria Superior de la Federación, en el ramo Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación.
Exhortó a la SEP, a la Secretaría de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a fortalecer programas de investigación con empresas y vocaciones productivas regionales del país.
Por medio de otro punto de acuerdo avalado, los legisladores felicitaron a los alumnos, maestros y asesores que alcanzaron distinciones de honor en diversos concursos internacionales de conocimiento.
Además, la Comisión Permanente pidió a las autoridades sanitarias emitir a la brevedad la Norma Oficial Mexicana para regular y supervisar la reproducción asistida en sus distintas modalidades en México.
En materia de protección a las niñas, niños y adolescentes, el Congreso solicitó al Ejecutivo federal impulsar una política de Estado para garantizar la protección de los derechos de los menores, en especial de los que trabajan y en punto de acuerdo aparte pidió al DIF emprender programas para salvaguardar sus garantías.
