El gobierno turco analiza la posibilidad de restablecer la pena de muerte en el país dentro de las medidas represivas que se están aplicando tras la fallida intentona golpista del pasado fin de semana, lo que supondría instaurar un castigo que fue erradicado hace 14 años.
El primer ministro turco, Binali Yildirim, mantuvo abierta esa posibilidad, si bien moderó las declaraciones en ese sentido hechas ayer por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, ante una muchedumbre que pedía a gritos que se ejecute a los golpistas.
“Turquía es un Estado de derecho. La gente lo pidió a gritos en las calles. Hacemos política para realizar las peticiones de la gente”, dijo hoy Yildirim.
El jefe del gobierno sí aseguró que una decisión así no puede tomarse con “la excitación de estos días” y que es un tema que debe debatirse en el Parlamento.
“No podemos decir ni sí ni no por adelantado”, señaló el primer ministro.
La pena capital en tiempo de paz fue abolida por el Parlamento turco en agosto de 2002, meses antes de que el AKP de Erdogan ganara la elecciones con mayoría absoluta y asumiera el gobierno del país.
Dos años después fue descartada también su aplicación por la legislación militar y en casos excepcionales, como periodos de guerra o delitos de terrorismo.
La eliminación de la pena de muerte fue parte de un paquete de medidas para adaptar la legislación turca a la Unión Europea y permitir así que el país se acercara a una candidatura a entrar en el club europeo.
La propia jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, recordó hoy a Turquía que “ningún país” puede convertirse en Estado miembro de la Unión Europea si introduce o reintroduce la pena de muerte.
La última ejecución en Turquía se produjo en 1984, poco después de la restauración democrática tras el golpe de Estado de 1980.
Tras ese golpe, unas 500 personas fueron condenadas a muerte, de las que 50 fueron ejecutadas.
En los años siguientes, ya en democracia, se siguieron dictando penas capitales, pero la norma fue conmutarlas por cadenas perpetuas.
Abdullah Öcalan, fundador de la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y durante años enemigo público número 1 del Estado, fue condenado a muerte en 1999, pero su sentencia fue también modificada a la de cadena perpetua.
Como miembro del Consejo de Europa, Turquía está obligado a cumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se pronuncia en contra de la pena capital.
