Una denuncia de acoso sexual debe tomarse en serio desde su presentación. Pero también debe investigarse con rigor, porque una acusación falsa puede destruir vidas.
Proteger a las víctimas es una obligación del Estado, no una concesión. Escucharlas, brindarles seguridad e investigar constituye el punto de partida de toda justicia.
Sin embargo, escuchar no significa dictar sentencia. Entre recibir una denuncia y acreditar un delito existe un procedimiento que protege a denunciantes y señalados por igual.
Ahí entra la iniciativa que ayer presentó María del Rosario González Flores, diputada panista que, propone endurecer las penas por declaraciones falsas contra personal docente en Tamaulipas.
Su planteamiento contempla aumentar un tercio la sanción correspondiente, hasta alcanzar diez años y ocho meses de prisión cuando se acrediten los supuestos legales exigidos.
El artículo 256 del Código Penal establece penas ordinarias de cuatro a ocho años. La reforma agregaría una agravante relacionada con quienes ejercen la docencia.
La propuesta merece discusión seria, no aplausos automáticos ni rechazos apresurados. Una ley mal redactada podría desalentar denuncias legítimas, cuando más protección necesitan las víctimas.
Pero también sería irresponsable ignorar el daño que provoca una imputación falsa: detenciones, separación laboral, gastos jurídicos, exposición mediática y una reputación difícil de recuperar.
Ciudad Madero ofreció un episodio que obliga a reflexionar. Un directivo permaneció seis días detenido por una acusación de abuso sexual contra una alumna adolescente.
Finalmente, una jueza decidió no vincularlo a proceso por insuficiencia de elementos. Esa resolución impidió continuar la causa, pero no demuestra automáticamente falsedad intencional alguna.
La defensa sostuvo que la menor se había enviado flores a sí misma. Esa versión necesita distinguirse de lo acreditado judicialmente para evitar nuevas injusticias.
El maestro recuperó su libertad, aunque queda abierta una pregunta legítima: ¿quién repara los días de encierro, la afectación laboral y el desprestigio personal sufrido?… pues nadie. El maestro se quedó con ese daño.
Otro episodio ocurrió en Veracruz, donde una madre cuestionó que un profesor solicitara un croquis entre la vivienda y la escuela como parte de clase.
El docente afirmó que era una actividad escolar y rechazó conductas indebidas. Existían otros señalamientos familiares, por lo que el caso requiere investigación, no burlas.
Una tarea académica no constituye por sí sola acoso. Tampoco una explicación pedagógica basta para desestimar testimonios sobre comportamientos distintos que pudieran resultar relevantes penalmente.
Ese es el equilibrio que el Congreso debe preservar: investigar cada acusación sin prejuicios, proteger a menores y evitar sanciones anticipadas contra cualquier docente señalado.
La falsedad deliberada exige pruebas de que alguien mintió conscientemente ante una autoridad. Una denuncia archivada, insuficiente o no acreditada jamás debería bastar para castigar.
Además, los legisladores deben examinar proporcionalidad, debido proceso y posibles efectos inhibidores: nadie debe temer denunciar una agresión auténtica por riesgo de enfrentar prisión después.
Si la iniciativa prospera, tendría que delimitar claramente la conducta sancionable, evitar su uso intimidatorio y asegurar que las instituciones investiguen con independencia y sensibilidad.
La justicia no necesita escoger entre víctimas y maestros. Necesita escuchar, verificar, proteger y resolver. Castigar mentiras probadas, sí; silenciar denuncias, nunca, bajo ninguna circunstancia.
La iniciativa de la diputada González Flores llega en un momento preciso, para hacer una discusión seria.
