El Congreso decidió tomar medidas para que las entidades y el gobierno federal procedan legalmente contra empresas, como Excelencia Ejecutiva Empresarial (Exeem), que son grupos fantasma multinivel o pirámides que ofrecen grandes préstamos, servicios, ingresos económicos, horarios reducidos y flexibles de trabajo, y en muchos casos hasta dinero piden a los solicitantes de empleo.
La Comisión Permanente quiere que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y las procuradurías y fiscalías estatales le entreguen una relación de denuncias e investigaciones relacionadas con estas empresas fantasma y pide a todos los gobiernos proceder legalmente contra ellas, pues engañan a las personas necesitadas de trabajo.
Alfredo Bejos Nicolás, diputado federal priista, recordó en tribuna que muchas de estas empresas solicitan una cuota de 150 pesos a los interesados en obtener empleo, para cursos o supuestas capacitaciones; luego, piden dinero como garantía de entregarles mercancías, como perfumes, y luego desaparecen; se trata de un fraude constante, porque son empresas que operan siempre con nombres diferentes y en distintas entidades.
El dictamen aprobado por el pleno de la Comisión Permanente, con el voto del PRI, hace referencia a empresas fantasma creadas en Veracruz, que han recibido 645 millones de pesos por la prestación de servicios inexistentes; el SAT investiga a 26 empresas, de las cuales 24 no tienen empleados; del total, una tiene operaciones por más de mil millones de pesos; asimismo, 18 de las 26 hicieron negocios por al menos 100 millones de pesos.
De igual forma, cita a la empresa Exeem, con domicilios en la Ciudad de México en Balderas 96, sexto piso; en Monterrey 252, primer piso, colonia Roma, y en José María Izazaga 23-A, primero y segundo pisos.
“Ante la difícil situación económica de los mexicanos, otro tipo de empresas fantasma ha proliferado, que ofrecen préstamos atractivos para aliviar deudas que muchas familias padecen, con el candado de que, para ser elegible, se requiere pagar cierta prima y seguro, cantidades que tras rechazar el préstamo, nunca regresan a quienes los solicitan”, dice el dictamen.
Añade que, debido a que son empresas sin registro ante las autoridades laborales o financieras, ni la Secretaría del Trabajo federal o las locales, ni la Condusef están facultadas para investigar o sancionar, por lo que las denuncias deben presentarse ante el ministerio público por fraude.
Estas ofertas fraudulentas son dadas a conocer “mediante volantes en mobiliario urbano, o en la sección de clasificados en algunos periódicos, así como en diversos sitios de internet”.
