Apenas van tres días de la nueva administración gubernamental y el gobierno de los “cuernos” ya detectó la primera diezmilésima del “pasivo circulante” heredado por la administración anterior. Lo más escandaloso está por venir. Porque el gobierno estatal está convocando a las 5 mil víctimas del delito, más las que se agreguen a una reunión para atender sus demandas y darle forma a la creación del Instituto de atención a víctimas del dolor, de la ausencia.
El pasivo con las familias de las víctimas es del orden de los dos millones de pesos, según un informe del secretario general de gobierno César Verástegui. Que para quienes tienen eso y más, resulta insignificante, pero si se ve en perspectiva de familias que perdieron su vivienda, su empleo, su escuela, su comunidad, sus parientes, pero sobre todo estilo de vida. Y aún viven en desamparo, el pasivo se incrementa, cuantitativa y ni hablar de la perspectiva moral.
El pago de la deuda que las familias piden al gobierno, estaba programado para cubrir gastos en útiles escolares, uniformes, inscripciones en escuelas, gastos de los funerales de sus parientes, y pago de hospitales que las familias contrataron por indicaciones de los funcionarios del gobierno anterior. Por si fuera poco, también les adeudan pagos de becas.
Tal fue el caso de un ex alcalde priísta del centro del estado, a quien en los últimos tres años del gobierno egidista, también le regatearon el pago en una clínica particular de la región centro del estado. A regañadientes cubrieron aquel pasivo. Porque seguramente, hubo presiones de diferentes frentes.
Un porcentaje importante de esos cinco mil damnificados de la violencia y el desplazamiento forzado de sus lugares de origen, donde tenían su hábitat. Son menores de edad que asisten a los planteles escolares de las zonas urbanas de las ciudades tamaulipecas, donde sus tutores son sus hermanos mayores, porque a su padre se lo llevaron, lo mismo que a su progenitora. Otros más viven con sus abuelos o con sus tíos o con un vecino. Son estos los que piden el pago de los dos millones de pesos. Que seguramente el gobierno anterior también les dio otro uso.
Y por si fuera poco, la dirección de víctimas del delito no tiene presupuesto para los tres meses que restan del 2016. Porque los 8 millones presupuestados para esas tareas gubernamentales, también se fueron en la “bailada”.
En otro orden, donde fueron confirmados en sus puestos laborales la mayoría de los empleados fue en la secretaría de seguridad pública, sobre todo encargados de la tarea administrativas, no así Víctor González Salum, hermano del diputado federal del PRI y ex alcalde de Victoria Miguel González Salum, en su lugar se perfila para llegar una mujer. Mientras que quienes desempeñan tareas operativas, están “bajo la lupa”, como son policías y coordinadores. Lo cual no es sinónimo de que seguirán en los puestos a largo plazo, por lo delicada que representan esas tareas.
Sin embargo, quienes laboran en esa dependencia aseguran que hay un mar de distancia entre el general Jesús Martínez y el Vicealmirante Luis Felipe López Castro que asumió el cargo de secretario de seguridad pública.
En tanto que las fracciones del Congreso tamaulipeco fijaron sus posiciones para iniciar formalmente los trabajos legislativos. También hicieron un pronunciamiento en el que reprobaron la muerte de cinco militares, de hechos ocurrido esta semana en el estado de Sinaloa.
Asimismo la fundación “Recuperemos la felicidad de México”, que encabeza Arcelia González, convocó a una cabalgata para el próximo sábado que tendrá inicio en el Lienzo Charro y de esa manera celebrar el 266 Aniversario de Ciudad Victoria.
