Seattle.- La amenazante llamada anónima llegó a la hora de la cena: 5.000 dólares si no quieres que matemos a tu hijo.
Por eso, Blanca Orantes López, su hijo de ocho años y su esposo, partieron del pueblo de Puerto La Libertad en El Salvador y se fueron a Estados Unidos.
Dos meses después, ella está en una cárcel federal cerca de Seattle; su hijo, Abel Alexander, en un hogar para niños en el estado de Nueva York, en el otro lado del país. No sabe cuándo volverá a verlo.
Orantes no ha podido hablar con él, dijo entre lágrimas a The Associated Press.
Su historia es uno entre los 2.000 ejemplos de niños separados de sus padres en el intento del gobierno de Donald Trump por detener la inmigración no autorizada. La práctica ha causado indignación nacional por las historias de niños arrancados de los brazos de sus madres y de padres deportados sin sus hijos.
El gobierno impuso una nueva política de “tolerancia cero” en abril con la intención de detener una ola de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia en sus países. Las autoridades de Seguridad Nacional remiten todos los casos de ingreso ilegal a la justicia criminal.
Las autoridades dicen que están obligadas a separar a los niños antes de poder juzgar a los padres, pero muchos, como Orantes, permanecen separados de sus hijos mucho después de recibir su condena.
Trump ha elogiado las separaciones y acusado falsamente a los demócratas de la política.
“No nos disculparemos por la tarea que realizamos o la que realiza la policía, por la tarea que el pueblo estadounidense espera de nosotros”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a una asociación policial nacional en Nueva Orleans. “Las acciones ilegales tienen y deben tener consecuencias. Basta de impunidad”.
La llamada telefónica que la llevó a iniciar la travesía de un mes hasta la frontera, no fue una amenaza hueca, dijo Orantes vía telefónica. Hace tres años, el tío de Abel fue secuestrado y liberado después que la familia pagó el rescate, dijo su abogado Matt Adams, director legal del Proyecto del Noroeste por los Derechos de los Inmigrantes, con sede en Seattle.
Si no reciben su dinero, matan, dijo Orantes, de 26 años.
Esta vez, la suma exigida era más de lo que podía reunir y el plazo era de una semana, agregó.
Ella y su hijo se separaron del padre en Guatemala. Él está oculto, Orantes dijo que no sabe dónde está. Al llegar a la frontera, no les fue posible pedir asilo, dijo Adams.
“A mucha gente que llega a la frontera a solicitar asilo les dicen, ‘no tenemos capacidad’”, dijo Adams. “Y no pueden pasar días haciendo fila porque las autoridades mexicanas las capturan y deportan. Entonces sólo pueden cruzar el río o la quebrada”.
Es lo que hicieron. Madre e hijo entraron sin autorización a Texas, se entregaron inmediatamente a las autoridades y pidieron asilo, dijo Adams.
Los separaron para que Orantes pudiera ser procesada penalmente.
Antes de los cambios a la política inmigratoria de Trump, es probable que no hubiera sido procesada, si no que le habrían permitido quedarse con su hijo y ser entrevistada para determinar si tenía un temor real de ser perseguida o torturada en su país natal. Si los funcionarios determinaban que así era, es probable que hubieran puesto en libertad tanto a ella como Abel mientras se daba seguimiento a su caso.
