La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este viernes la designación de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como la nueva jefa de Derechos Humanos de la organización.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció el miércoles la nominación de Bachelet.
La exmandataria reemplazará al jordano Zeid Ra’ad al-Hussein, quien a fin de mes dejará el cargo después de cuatro años al mando de la oficina con sede en Ginebra.
Bachelet, quien fue torturada durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue la primera mujer presidenta de Chile, una de las economías más desarrolladas de América Latina.
El primer período presidencial de Bachelet, de profesión pediatra, fue entre 2006 y 2010, el cual estuvo marcado por sus políticas de bienestar social.
Posteriormente encabezó entre 2010 y 2013 ONU Mujeres, un organismo que apoya la igualdad de género y el empoderamiento femenino, antes de regresar a Chile para volver a ser presidenta entre 2014 y marzo de este año.
Durante su segunda gestión impulsó una agenda más radical en materia de impuestos y gasto público, así como en temas como el aborto y el matrimonio homosexual en un país socialmente conservador.
Zeid dijo a principios de mes a periodistas en Nueva York que no aspiraba a cumplir un segundo período porque no creía contar con el apoyo de potencias mundiales clave, como Estados Unidos, China y Rusia.
Zeid fue muy crítico de algunas de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus ataques contra los medios.
La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo el miércoles en un comunicado que el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU puede tener una “voz fuerte” en temas clave.
La ONU no ha logrado abordar adecuadamente crisis de derechos humanos importantes en Irán, Corea del Norte, la República Democrática del Congo y otros lugares, o detener su obsesión crónica, desproporcionada con Israel. Depende de la señora Bachelet manifestarse contra estas fallas en lugar de aceptar el status quo”, dijo Haley.
Estados Unidos se retiró en junio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, un organismo separado de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pero que trabaja de cerca con éste, por lo que calificó como un sesgo crónico contra Israel y la falta de reformas.
