Santo Domingo.- El gobierno dominicano utilizará gran parte de las multas millonarias que impuso por los casos de soborno a las empresas brasileñas Odebrecht y Embraer para construir cárceles y reducir el elevado nivel de hacinamiento de los presos.
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, anunció el jueves más de 80 obras de infraestructura de todo el sistema penitenciario con una inversión de 170 millones de dólares. Será “una transformación de la infraestructura penitenciaria”, aseguró.
De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Prisiones, las cárceles tienen una sobrepoblación del 85% y el caso más grave corresponde La Victoria, al norte de la capital, que tiene capacidad para 1.200 internos y aloja en promedio a más de 9.000.
Rodríguez detalló que gran parte de las obras, que incluyen la construcción de dos cárceles y la remodelación y ampliación de todas las demás, serán financiadas con las multas impuestas a las empresas brasileñas.
Las autoridades impusieron en 2017 una multa de 184 millones de dólares a Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en América Latina.
El monto de la multa representa el doble de los 92 millones de dólares que los ejecutivos de la empresa reconocieron haber pagado a funcionarios dominicanos para conseguir contratos sobrevaluados con el gobierno para la construcción de obras de infraestructura entre 2001 y 2014. La multa es pagada desde 2017 en cuotas anuales que concluirán en 2025.
En agosto, las autoridades impusieron una multa de siete millones de dólares a la compañía aeronáutica Embraer por haber pagado coimas por 3,5 millones de dólares a militares, empresarios y funcionarios dominicanos para asegurar la venta al Estado de una flotilla de ocho aviones Súper Tucano A-29B.
El lote de aviones militares fue adquirido por el gobierno dominicano entre 2009 y 2010 con un costo total de 93,6 millones de dólares.
Luego de acordar los montos de las multas con las compañías involucradas, la Procuraduría dominicana renunció a presentar cargos judiciales contra los ejecutivos brasileños de esas empresas, algunos de los cuales ya han sido procesados en Brasil.
