Un fiscal pidió el jueves la detención inmediata de la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada formalmente de liderar un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas.
El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, respaldó el procesamiento que había resuelto el juez federal Claudio Bonadío en septiembre, cuando imputó a la exmandataria los delitos de asociación ilícita, admisión de dádivas y cohecho entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
Bonadío también impuso un embargo equivalente a casi 100 millones de dólares a Fernández y procesó a varios exfuncionarios y empresarios.
Pero la actual senadora, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios.
La solicitud del fiscal Moldes debe ser analizada ahora por la Cámara Federal, un tribunal de apelaciones.
En caso de que la Cámara Federal haga lugar al pedido de detención, los senadores tendrían que discutir y votar sobre el retiro de la inmunidad a Fernández, lo cual es poco probable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
Se necesitan dos tercios de los votos de los senadores para que la expresidenta pierda su inmunidad.
“Estoy convencido de que corresponde el desafuero… veo cuales son las dificultades políticas de que obtenga, pero la política es mutable”, dijo Moldes en la emisora local Radio Mitre.
En su pedido, Moldes sostuvo que el jefe de una asociación ilícita es “quien detenta un dominio mayor del quehacer delictivo por ser el único con capacidad funcional para conducir, actuar o desactivar el accionar de la banda” y que “en el presente caso hablamos de Cristina Elisabet Fernández”.
Según la investigación de Bonadío, entre 2003 y 2015 operó en Argentina una asociación ilegal mediante la cual los empresarios que pretendían ganar una obra pública entregaban un porcentaje a los funcionarios que Kirchner y Fernández designaban para recibir esos sobornos.
Respecto del destino del dinero espurio, Bonadío concluyó que engrosó el patrimonio personal del matrimonio Kirchner y el de varios funcionarios y que también fue usado para financiar actividades electorales y comprar voluntades en el Poder Judicial.
La investigación, llamada popularmente “los cuadernos K”, se inició luego de que la justicia accedió a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero ilegal. La justicia también cuenta con la declaración de empresarios y exfuncionarios arrepentidos que dieron detalles sobre la operatoria.
Fernández niega los cargos y ha denunciado que Bonadío actúa en sintonía con el gobierno del conservador Mauricio Macri para perseguir a opositores y ocultar la actual crisis económica.
Fernández también enfrenta cargos por lavado de dinero, administración fraudulenta y el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994 en otras investigaciones judiciales.
