Ciudad de México. En víspera de que se cumplan cinco años del derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la empresa Buenavista del Cobre –filial de Grupo México– en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea, comuneros afectados exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reabrir del Fideicomiso Río Sonora hasta reparar los daños en su totalidad. “Son cinco años de impunidad, sufrimiento, crisis económica e incertidumbre. Seguimos esperando justicia y reparación de los daños”.
Wenceslao Miramón, de la comunidad de Bacanuchi, una de las más afectada señaló que el ácido sulfúrico que vertió en las aguas ha generado toxicidad en la población, así como en flora y fauna de la entidad. “Los caso de cáncer de colón y estómago se han incrementado. También las enfermedades de la piel”, los casos más frecuentes en la gente agregó son dermatológicas, de tipo digestivo y oftalmológicas. “Nuestros animales enferman, mueren. Nuestra cosecha no crece o no se vende. Aquí en el pueblo cuando llueve y si alguien se enferma, muere porque no tenemos un médico o enfermera, el más cercano está en Cananea, a dos horas de Bacanuchi, ya que es puro camino de terracería “.
Este lunes los representantes de las comunidades demandaron al alto tribunal revisar las operaciones del dicho fideicomiso, un mecanismo acordado por la empresa y el gobierno federal del sexenio pasado, y reabrirlo “hasta que se cumplan sus objetivos y hayan concluido los procesos jurídicos de reclamaciones en su contra”.
Irene Moiza, Evelia Lares, Óscar Encinas y Wenceslao Miramón, del Comité de Cuencas Río Sonora, movimiento social que agrupa a las personas afectadas por el derrames en siete municipios, manifestaron que el fideicomiso “que prometió reparar los daños fue un mecanismo privado, un acuerdo de Grupo México y el gobierno federal pasado, sin la participación de la gente perjudicada. Sirvió para hacer negocios y para limpiar la imagen de la empresa. Actuó a espaldas de las víctimas.
“Por no remediar nada y dejarnos en la indefensión total, argumentamos que la tarea del fideicomiso quedó inconclusa. Además, es el trabajo del Estado, no de un fideicomiso privado remediar las violaciones de derechos humanos, como las que nosotros todavía sufrimos en el Río Sonora”, agregó Óscar Encinas, del municipio de Ures.
“Lo que exigimos a la Corte es que ese fideicomiso sea considerado autoridad responsable, reabra y sea obligado a reparar por completo los daños con nuestra participación”.
