Ciudad de México.- Al menos 50 mil empleados de dependencias gubernamentales, en especial del sector salud y del educativo, se enfrentan a deudas impagables tras años de pagar créditos hipotecarios al Fovissste.
Las deudas contraídas por los trabajadores del Estado han aumentado exponencialmente año con año, debido al interés anual de 6%, así como al ajuste automático que se registra cada año con la actualización del monto al salario, a través de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), advierte Antonio Vital Galicia, coordinador de la Alianza de Trabajadores de Salud y Empleados Públicos.
Ante dicha problemática, los afiliados a la alianza preparan dos marchas para exigir al gobierno federal que cumpla con el compromiso que hizo de reestructurar las deudas de los trabajadores.
La primera protesta la llevarán a cabo mañana, de la estación del Metro Revolución a las oficinas centrales del ISSSTE, mientras que para el próximo 23 de octubre planean llegar hasta Palacio Nacional.
Otra de las demandas de los empleados al servicio del Estado es el fin de la opacidad y manejo especulativo de los rendimientos de los fondos de vivienda, los cuales ascienden a 22 mil millones de pesos, ya que acusan que sólo la mitad de éstos se distribuye entre los trabajadores, mientras que la otra es enviada a un fondo de riesgo que no aparece en la contabilidad.
Ahogan las deudas a los trabajadores del Estado
Los créditos hipotecarios contratados a través del Fovissste son impagables porque se incrementan en 200 y 300%, acusa la Alianza de Trabajadores de Salud y Empleados Públicos.
Los créditos hipotecarios adquiridos por los trabajadores al servicio del Estado los están ahogando. La deuda de unos 50 mil empleados de todas las dependencias gubernamentales, principalmente del sector salud y educación, es “impagable”, advirtió a Excélsior Antonio Vital Galicia, de la Alianza de Trabajadores de Salud y Empleados Públicos.
Los trabajadores afiliados a esta organización tienen programada una marcha mañana, de la estación del Metro Revolución a las oficinas centrales del ISSSTE, en demanda de la “cancelación de la deuda inmoral con el Fovissste” y por el cumplimiento de la restructuración comprometida por el gobierno federal. Para el próximo 23, su marcha será hacia Palacio Nacional.
Vital Galicia denunció que las deudas contraídas por los trabajadores del Estado se han ido incrementando exponencialmente año con año. No sólo por el interés de 6% anual de ley, sino por el ajuste automático que se registra cada año con la actualización del monto al salario, a través de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El dirigente laboral denunció, además, que el Fovissste escamotea a los trabajadores del Estado 11 mil millones de los 22 mil millones de rendimiento por los fondos de vivienda. “Distribuyen entre los trabajadores 11 mil millones de pesos y los otros 11 mil millones los envían a un fondo de riesgo que no aparece en la contabilidad”.
Dijo que eso lo tienen confirmado a través de los documentos de las auditorías del Fondo de Vivienda del ISSSTE, a partir de 2017 a 2019, y que es uno de los puntos que se establecieron en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 15 de julio. Y mostró uno de los documentos en donde se establece que en 2019, 11 mil millones 165 mil 878 pesos se integraron al rubro “Estimación preventiva para riesgos crediticios” y que en 2018 fue la cantidad de mil millones 738 mil 890 pesos.
Por eso vemos que hay un “manejo especulativo de los fondos de vivienda que generan pérdidas para las jubilaciones de los trabajadores”.
Adelantó Vital que, mañana, la Alianza de Trabajadores de Salud y Empleados Públicos presentará públicamente los documentos de estas supuestas irregularidades y que solicitarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que abra una investigación.
“Lo que nos han dicho los funcionarios de ISSSTE es que se podría desfinanciar el Fovissste si se hace una quita del adeudo vencido y de parte de las actualizaciones. Por eso investigamos cómo estaban las cuentas, porque sabíamos que nos iban a decir eso. Y queremos que nos den cuentas de dónde queda el dinero de los rendimientos”, dijo Vital.
Antonio Vital evidenció lo que, afirmó, es otra irregularidad. Se refirió a que, cuando a los trabajadores del Estado les otorgan un préstamo mayor a la capacidad de su salario, les obligan a pagar por fuera de la nómina la diferencia, a través de una institución bancaria privada.
“Si a un trabajador le prestan más dinero del que tiene como capacidad de pago vía nómina, no le pueden cobrar por fuera, porque lo prohíbe la ley”, dijo Vital; señaló que “los funcionarios (del Fovissste) argumentan que hay una cláusula chiquita en los contratos que firmaron (quienes obtuvieron un préstamo). Pero la ley del ISSSTE, la ley del Trabajo y el Fovissste no establecen pagos por fuera de la nómina y eso se constituye como un adeudo vencido que nosotros no reconocemos”.
Como parte de su denuncia, el dirigente laboral señaló que el cobro fuera de nómina se hace a través de una empresa privada. “Nos van a informar la empresa que se hace cargo de estos cobros y las cuestiones de corte legal, como, en qué se fundamentan para pedir pagos fuera de la nómina y por encima de la ley del ISSSTE y del Fovissste”, dijo.
El dirigente ofreció un ejemplo de cómo se incrementan los créditos a los que tienen derecho unos dos millones 100 mil trabajadores del Estado afiliados al ISSSTE, de los 4 millones de trabajadores del Estado, es decir, aproximadamente un millón 900 mil trabajadores no tienen prestaciones sociales.
“Hace 17 años, a una trabajadora le prestaron 330 mil pesos. En este tiempo ha pagado 450 mil pesos, es decir el total del crédito más 120 mil pesos. Sin embargo, tiene como adeudo vencido 130 mil pesos y debe poco más de 500 mil pesos. Lo que significa que esa trabajadora tendría que pagar 750 mil pesos, más del doble del crédito obtenido”, explicó.
Dijo que eso se debe a que hay una doble tasa de interés. El interés de 6% que establece la ley del ISSSTE, del Fovissste, que es la misma tasa que la del Infonavit, y además, lo que agravó la situación desde hace unos 20 años, es la aplicación de una actualización.
“Si un trabajador debe 200 mil pesos y se actualiza porque los salarios mínimos se incrementaron 5 por ciento, por ejemplo, su deuda pasa automáticamente de 200 mil pesos a 210 mil pesos cada año”, dijo Vital.
Señaló que esta situación “genera una carga muy fuerte para los trabajadores y hace inviable el derecho a la vivienda; por eso reclamamos que se anulen las actualizaciones y ese adeudo vencido, porque este esquema afecta tanto a trabajadores jubilados como en activo”.
