Ciudad de México.- El procurador general de Estados Unidos, William P. Barr, titular del Departamento de Justicia, expresó su preocupación por la reciente reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que regula la actuación de los agentes de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y en general de los integrantes de todas las agencias estadunidenses y de otros países que operan en México.
Por medio de un comunicado, expresó que el Departamento de Justicia está comprometido a trabajar con el gobierno de México en el combate a los criminales trasnacionales que amenacen a nuestras naciones y nos perturba que se estudie actualmente en el Congreso de México esa reforma, pues tendría el efecto de hacer la cooperación entre nuestras naciones más difícil.
Agrega que, como siempre, nuestra cooperación tiene lugar en el marco de nuestra ya establecida estructura, diseñada para atender conjuntamente nuestros desafíos comunes.
Menciona: es por eso que, por ejemplo, Estados Unidos recientemente devolvió al ex secretario (Salvador) Cienfuegos, con el fin de que pueda ser investigado ahí.
El procurador Barr advierte que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional haría que estuvieran menos seguros los ciudadanos, tanto de México como de Estados Unidos. La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las organizaciones trasnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta, insistió.
La modificación a la Ley de Seguridad Nacional fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de regular la actuación de los agentes estadunidenses que operan en México, luego del caso del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ya que el gobierno mexicano ni siquiera fue notificado de que el militar era investigado por la DEA.
La iniciativa fue remitida el pasado lunes al Senado por el presidente López Obrador y se aprobó el miércoles. De manera central, acota la actividad de los agentes extranjeros a los convenios bilaterales suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, que contribuyan a preservar la seguridad nacional.
Una de las disposiciones centrales es que tanto los agentes de la DEA, como de la oficina federal de investigación (del FBI) y demás agencias establecidas en México, deberán compartir con el gobierno federal la información que obtengan en el ejercicio de sus funciones. Las embajadas y consulados, deberán también informar a la autoridad correspondiente los hechos de que tengan conocimiento.
Los agentes no tendrán inmunidad, no podrán llevar a cabo detenciones o cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad. Se regulan las condiciones para que agentes extranjeros puedan portar armas o algún tipo de instrumentos bélicos y se fortalece la supervisión de gobiernos mexicanos respecto de las actividades que realicen.
La minuta está ahora en la Cámara de Diputados, que debe también avalarla.
