Ciudad de México.- Como parte de sus obligaciones en materia de transparencia, en su página de información pública, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informa sobre 580 funcionarios públicos sancionados desde 2015 al tercer trimestre de 2020, cuando, tan sólo en 2019, la misma secretaría abrió más de 500 expedientes al mismo número de funcionarios, incluidos casos emblemáticos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien no aparece en el listado.
580 funcionarios sancionados enlista la Secretaría de la Función Pública entre 2015 y 2020, cuando tan sólo en 2019 abrió 500 expedientes
La propia Secretaría de la Función Pública informó, el 5 de febrero de 2020, que la sanción a Lozoya Austin quedó firme, luego que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dio la razón a la dependencia en su decisión de inhabilitar por 10 años al exdirector del Pemex.
Sin embargo, en la página pública donde se puede consultar la información sobre funcionarios sancionados no existe ninguna referencia a esta amonestación, y sólo se pueden consultar algunas sanciones resueltas en 2019 y 2020.
Al no poder acceder a la información actualizada, este diario presentó una queja ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por lo que, en las próximas semanas, esa instancia deberá responder a esta solicitud para conocer los datos actualizados de 2019 y los primeros tres trimestres de 2020.
Entre otros rubros, la SFP mantiene sin información las multas económicas que se le han aplicado a cada funcionario sancionado, y cuando se quiere conocer el porqué de la sanción administrativa, la mayoría de los funcionarios está catalogada como “negligencia administrativa” y unos cuantos más como “abuso de autoridad”.
Además, los datos sobre funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como nombres, fechas o inhabilitaciones están registrados como clasificados, por lo que no se pueden consultar.
Para acceder a la página hay que entrar al sitio web de la Plataforma Nacional de Transparencia, ir a “información pública”, señalar que se quiere acceder al portal de Función Pública y luego buscar el recuadro correspondiente a “Funcionarios Sancionados”.
Excélsior quería saber cuántos funcionarios públicos han sido sancionados durante el gobierno del presidente López Obrador, el monto de las multas y cuántas ya habían sido cobradas por la administración federal.
La situación anterior se da en el contexto de una discusión pública sobre la propuesta presidencial de desaparecer a los órganos autónomos como el Inai, instancia que vigila el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de dependencias públicas y sujetos obligados.
De no contar con este instrumento, los ciudadanos no podrían asegurar que la información entregada por cualquier instancia es realmente la única que se encuentra en su poder, pues no habría un órgano autónomo e imparcial que tutelara el derecho al acceso a la información.
Otro ejemplo de contar con un organismo que garantice el acceso a la información es la solicitud de un ciudadano respecto a cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes de la República y el presidente actual, información que fue negada por la Fiscalía General de la República, en un principio, pero que, luego de un análisis detallado del tema, el Inai ordenó abrir al escrutinio público, para que el ciudadano solicitante y la ciudadanía en general tengan acceso a los datos solicitados.
