Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio inicio este viernes a las sesiones públicas donde se expondrán las pruebas esgrimidas por diversas dependencias gubernamentales para pedir el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado por los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
La sesión virtual se llevó a cabo a pesar de la oposición del abogado defensor del inculpado, Alonso Aguilar Zínser, quien consideró que ventilar de forma pública los señalamientos en contra de su cliente va en contra de diversas disposiciones sobre la secrecía de un procedimiento penal en la etapa en la que se encuentra en este momento.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, hizo una breve participación en la cual señaló que dicho organismo presentó la querella en contra de Cabeza de Vaca tras haber recibido documentos en las cuales “se podría configurar algún delito”, al tiempo que aclaró que la encargada de determinar si efectivamente hubo algún ilícito es la Fiscalía General de la República.
Acto seguido, el presidente de la Sección Instructora, el morenista Pablo Gómez, le pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, que presentara los argumentos por los cuales inició un proceso de investigación en contra del gobernador de Tamaulipas.
En una detallada exposición de más de media hora, el funcionario señaló que la UIF había detectado la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la capital del país, por 42 millones de pesos, además de la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, valuado en 38 millones de pesos, el cual habría sido adquirido por una empresa “fantasma” propiedad de un socio del mandatario panista.
De igual forma, mencionó que Cabeza de Vaca –a quien sólo identificó como Francisco “N”—compró a través de socios y familiares diversos inmuebles en Reynosa, Tamaulipas, y McAllen y Edimburgo, Texas, valuados en precios que van de los 5.9 a los 10.7 millones de pesos.
“En general tenemos una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones y a la familia (del gobernador de Tamaulipas) y el ingreso que pudo haber tenido en sus años de servicio”, indicó Nieto Castillo.
Alrededor de las 12:40 horas, la defensa de Cabeza de Vaca solicitó un receso en la audiencia.
