ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han exigido este jueves al Gobierno mexicano “el pleno esclarecimiento de las agresiones” contra la periodista Lydia Cacho, secuestrada y torturada en 2005.
Hace dos días, el empresario Jósé Kamel Nacif Borge, acusado de torturar a la periodista, recibió un amparo de un juez de Quintana Roo para quedar en libertad. Es por ello que las agencias de la ONU “recuerdan la obligación de las instituciones del Estado mexicano de garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a los derechos humanos” para que se cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso.
Nacif Borge, un poderoso empresario bajo la protección del exgobernador de Puebla, Mario Marín, aparece señalado en el centro de una trama de pornografía y prostitución infantil en varios Estados, de acuerdo con la investigación de la periodista recogida en su libro Los Demonios del Edén. El magnate está acusado de ser el autor intelectual de la detención y tortura de Cacho junto al político, actualmente en prisión. En 2018 la ONU reconoció las violaciones a los derechos humanos de Cacho y señaló que la periodista fue detenida arbitrariamente como medida punitiva por la publicación del libro.
El amparo a Nacif reafirma lo que siempre han señalado la comunicadora y las organizaciones en favor de los derechos humanos: que la impunidad en el caso persiste. “La corrupción mató a la verdad jurídica y la colusión de servidores públicos, otra vez, ha promovido la impunidad en temas de tortura y persecución de periodistas”, Ha declarado la periodista en entrevista con W Radio. “Nuevamente estoy amenazada por este grupo criminal tanto por la gente de Mario Marín como la de Kamel Nacif”, ha agregado.
La periodista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con una orden de detención, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil. “En dicho Dictamen, el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión”, afirma la ONU en un comunicado. También se expuso que el trato que recibió la periodista tuvo un objetivo discriminatorio por la violencia de género que sufrió durante su detención.
Las agencias de Naciones Unidas señalaron que la impunidad en el caso de Lydia Cacho no solo afecta a la periodista y a su familia, sino que contribuye a que en México se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos y ese tipo de delitos. “Impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, denuncia la ONU y exige a las autoridades mexicanas a investigar y sancionar el caso de acuerdo a los principios de debida diligencia de los actos que pretendan coartar estos derechos.
“La actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática. El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo”, señala la ONU.
El Gobierno de México, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas públicas a Lydia Cacho por el agravio sufrido, pero Cacho ha denunciado que la impunidad en su caso se mantiene. Cuestionado por el tema, López Obrador comentó en su rueda de prensa matutina que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) revisar la exoneración de Nacif porque “debe de haber otras instancias” y aseguró que “urge” una reforma del Poder Judicial.
