Ciudad de México.- Las bancadas del PRI, PAN y el PRD en la Cámara de Diputados confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita un fallo favorable, entre enero y febrero próximos, respecto al recurso de inconstitucionalidad que la coalición parlamentaria Va Por México interpuso ayer para que sean reasignados los recursos en educación, salud y estrategias de protección a la mujer en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con el coordinador de la fracción blanquiazul en el recinto de San Lázaro, Jorge Romero Herrera, la oposición legislativa no está en contra de todo el presupuesto, sino de aquellas partidas que fueron asignadas a los referidos rubros y que representan una regresión por la disminución que sufrieron.
“Nosotros lo que buscamos con esta acción de inconstitucionalidad es que pueda haber reasignaciones en los temas que a nuestro juicio son específicamente perjuicios contra derechos ya adquiridos por millones de ciudadanos. El punto por el cual estamos alegando inconstitucionalidad en este presupuesto es porque va en contra de lo que establece el artículo 1 de nuestra Carta Magna, que es lo que los abogados llamamos ‘principio de progresividad o de no regresividad’”, expuso.
Explicó que “los derechos que ya tenían adquiridos millones de mexicanos en materia de educación, salud, seguridad y de asistencia social ya es inconstitucional que te los quiten, porque es regresivo. Ese es el espíritu de esta controversia”.
Agregó también que “esta es una acción sin precedentes. Nunca antes se había judicializado un presupuesto. Nosotros creemos que tenemos argumentos jurídicos válidos, reales para pedir que se reasignen recursos en temas tan vitales para el país, como la salud y la educación, por ejemplo”, dijo.
Señaló que el problema es que con ese presupuesto, avalado por la fracción de Morena y sus aliados, se están afectando esos derechos constitucionales.
Aseguró que el Insabi sigue aún sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios, que sí se tenían con el Seguro Popular.
Otros programas afectados son el de la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que en el presupuesto sufrió un recorte de alrededor de 10 mil millones de pesos, lo que para Romero Herrera es regresivo.
Al respecto, aseguró que el desabasto de medicamentos con este gobierno “es terrible, ya que es 300% mayor que el que existía en sexenios anteriores”.
Expuso que “es increíble que se estén construyendo un nuevo aeropuerto, una refinería y un Tren Maya, antes de garantizar atención médica o asistencia social”.
Por separado, el priista Hector Saúl Téllez Hernandez, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, mencionó que el recurso de inconstitucionalidad está establecido en el artículo 105 de la Constitución, en el que se prevé que si existe una norma general que tenga sesgos de contravenir a la Carta Magna, los legisladores pueden presentar ese instrumento jurídico.
“Juntamos más de 165 firmas de los diputados de la coalición Va por México para interponer este recurso y tenemos confianza en que el fallo que emita la Corte será favorable. Porque la obligación del Estado es crear condiciones sociales, económicas y de salud que mejoren la calidad de vida de los mexicanos, y con el presupuesto que fue aprobado no fue así”.
Refirió que se prevé que, en estos días, la Corte le dé entrada al recurso de inconstitucionalidad para que se turne al pleno del Máximo Tribunal, a fin de invalidar las partidas en materia de educación, salud y educación, entre otras.
