Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En cinco puntos, el diputado Javier Villarreal Terán, expuso las trabas que contiene la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset) para gozar de la pensión por fallecimiento en favor de los derechohabientes.
Dijo que es urgente que la reforma se haga, porque la ley del Instituto esta violentando el derecho humano a la seguridad social de los burócratas y sus beneficiarios.
Por ejemplo, dio a conocer que esta Ley limita el derecho de la concubina a ser beneficiaria de una pensión por fallecimiento, requiriendo tener que acreditar que tuvo hijos con el trabajador o pensionista, o haber vivido en su compañía durante los últimos cinco años a su muerte.
Villarreal Terán, expuso que también se limita el derecho del cónyuge o concubino a recibir una pensión por viudez, al exigir que sea mayor de 62 años, esté incapacitado para trabajar y dependa económicamente de la trabajadora o pensionada.
“Se limita el derecho del padre o madre y demás ascendientes en primer grado (que en la mayoría de los casos son adultos mayores) a recibir la pensión por ascendencia, también al hecho de que hubieran dependido económicamente del trabajador o pensionista durante los 5 años anteriores al fallecimiento”.
Añade que se niega el derecho del cónyuge (independientemente su edad) a recibir la pensión por viudez, cuando el fallecimiento del trabajador o pensionista ocurre antes de 6 meses de celebrado el matrimonio.
Aunado a que se niega el derecho del cónyuge supérstite a recibir la pensión por viudez cuando contrae matrimonio con un trabajador o pensionista mayor de 65 años, pues solamente se actualiza tal derecho si transcurren cinco años desde la celebración del matrimonio.
Propuso al Congreso del Estado, reformar la Ley del Ipsset para garantizar el derecho humano a la seguridad social y eliminar todo obstáculo que impida el acceso pleno de los tamaulipecos al otorgamiento de una pensión.
El diputado de Morena, dijo que esta reforma, evitará que los familiares derechohabientes tengan que reclamar el derecho que les asiste a través de instancias judiciales, mediante procesos que en la práctica resultan tortuosos, aunado a la afectación económica que implica el pago por la contratación de servicios jurídicos respecto de un derecho que se genera con el simple fallecimiento del trabajador o pensionista”.
