Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendió al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal y sostuvo que las agresiones contra comunicadores y protectores de derechos humanos responde a que los estados y municipios no hacen lo que les corresponde.
En el estudio sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, publicado este lunes, los integrantes de la comisión advierten que el cuidado a periodistas es tarea de todos, por lo que además de reformar el mecanismo, se requieren nuevas estrategias que involucren a todos los niveles de gobierno, a través de una nueva ley que debe surgir desde el Congreso de la Unión.
“No basta con reforzar el mecanismo en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo que no se hizo en 2012, y que hoy se debe poner en la mesa: la necesidad de una legislación que realmente responda a la realidad y al tamaño de la exigencia de protección para el ejercicio del periodismo y el derecho a defender derechos”, detalla.
El organismo señala que se puede lograr mediante la construcción de una auténtica alianza entre poderes y los tres niveles de gobierno, que pase de sólo ofrecer medidas reactivas o preventivas que no aterrizan en lo que verdaderamente debería buscarse: “prevenir los crímenes y evitar la normalización de las vidas amenazadas, revisando todo el contexto de riesgo para reconstruir su vida y la de los suyos, sancionando los delitos cometidos contra ellos y evitando la impunidad, es decir, generando esquemas de soluciones duraderas”.
El documento, elaborado por la Quinta Visitaduría General de la CNDH, recuerda que el mecanismo fue una de las principales recomendaciones de los relatores especiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010, “en un contexto político muy claro, en el que se sabía a ciencia cierta la persecución y espionaje que el gobierno mexicano realizaba contra medios, periodistas, opositores y personas defensoras de derechos humanos, como fue el caso de la contratación del sistema de espionaje telefónico Pegasus”.
Se destaca que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021 se registraron 49 homicidios de periodistas y 94 defensores de derechos humanos asesinados, “que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad imperante y la falta de una cultura que dimensione la importancia que tiene su labor”.
Señala que en el sexenio anterior se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra, “cifra que convirtió a México en uno de los países más peligrosos para los protectores del medio ambiente”.
La CNDH apunta que es bueno ofrecerle a las periodistas y defensores medidas de protección, pero lo fundamental es revertir el contexto violento y amenazante que obliga a su cuidado.
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