Ciudad de México.- Por separado, las dirigencias de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron ayer dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del llamado plan B del Ejecutivo, en materia electoral.
El líder del blanquiazul, Marko Cortés, destacó que la nueva conformación de la Corte, a partir de la elección de la ministra Norma Piña como presidenta significa un signo de independencia y de estricto respecto a la Carta Magna.
Ante la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tenemos una alta expectativa de qué se haga valer la supremacía constitucional, que se respete la Constitución quiere decir que las leyes secundarias no la violenten, que el presidente no quiera abusar de su cargo, de su mayoría simple en la Cámara de Diputados, para ponerse las reglas a modo en materia electoral”
Desde las escalinatas del máximo tribunal y acompañado de su comité ejecutivo, legisladores federales como Santiago Creel, presidente de San Lázaro y alcaldes, el panista adelantó que ésta fue la primera de varias acciones de inconstitucionalidad y controversias que habrán de presentarse, ahora en el caso del partido, después por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados y legisladores del Senado, además de los alcaldes que se ven afectados por la reforma electoral.
Lo que quieren es que los servidores públicos puedan estar haciendo difusión, puedan contratar publicidad, que no haya un órgano electoral cómo es el INE o el tribunal que pueda sancionar a estos servidores públicos.
Quieren quitar de las manos del INE la posibilidad de sancionar y dictar las medidas precautorias que evitarían un daño mayor en la difusión de cualquier servidor público.
Además, les están reduciendo a los alcaldes la posibilidad durante un año de manera transparente las acciones de sus gobiernos”, advirtió.
Al final del mensaje, los panistas fueron increpados por simpatizantes del presidente López Obrador que se encontraban a las afueras de la SCJN.
Una hora antes, el PRD encabezado por su dirigente Jesús Zambrano presentó una acción de inconstitucionalidad contra estas mismas dos leyes que, recordó, son resultado de la reforma que impulsó en su momento López Obrador para evitar que funcionarios u organismos empresariales intervinieran en procesos electorales, como fue el señalamiento en 2006.
Y estas reformas del 2007 por las que pugnó el PRD para respaldar que ya no se repitieran este tipo de hechos irregulares son las que ahora desde Palacio Nacional el impulsor de aquellos movimientos post electorales del 2006 y de las protestas que le siguieron, ahora las busca echar abajo, para hacer y deshacer, para que los funcionarios puedan hacer lo que les dé la gana”.
Zambrano estuvo acompañado por, entre otros, Luis Cházaro, coordinador de los diputados perredistas en San Lázaro.
