¿Deben tener seguridad personal, a costa del erario publico, los exgobernadores y los extitulares de las secretarias general de gobierno, de seguridad pública y de la fiscalía general de justicia?
Es una pregunta que ha generado una cerrada polémica hacia dentro y fuera del Congreso del Estado, luego de que la bancada de Morena, a través del diputado, Isidro Vargas Fernández, presentó una iniciativa de reforma constitucional para anular ese privilegio.
La acción legislativa evidentemente lleva como destinatario al exgobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, cuya protección personal, y para su familia, le cuesta a los tamaulipecos alrededor de dos millones 200 mil pesos mensuales.
Por obviedad de razones, los diputados del PAN se han manifestado en contra de la pretendida reforma. Argumentan que Cabeza de Vaca y sus exsecretarios corren grave riesgo, “por todo lo que hicieron para enfrentar al crimen organizado”, y por ello sería ponerlos en peligro si les retiran sus escoltas.
En contra parte, los diputados de Morena señalan que : “es una sinverguenzada” darle seguridad personal a un exgobernador y sus excolaboradores, pagándola con el dinero de los ciudadanos.
Entre la sociedad también hay una confrontación de posturas. La opinión de los ciudadanos está dividida.
En lo personal, me parece que, efectivamente como lo señala el grupo parlamentario de Morena, es un exceso y un abuso que un exgobernador, y sus exsecretarios de seguridad pública y general de gobierno, y el exfiscal de justicia, reciban seguridad personal por un periodo de 6 años luego de haber dejado el cargo.
El pretexto de que la función publica que realizaron, sobre todo en relación al combate a la delincuencia organizada, los pone en peligro al terminar su mandato puede ser cierto, pero en esas circunstancias entonces habría que pensar en darle la misma protección a todo expolicía, exagente del Ministerio Público, exjuez, exmagistrado, etcétera.
De hecho, puedo garantizarle que corren más riesgo cualquiera de esos servidores públicos que un exgobernador, porque ellos sí van al terreno de los hechos a enfrentar al crimen organizado.
Ojalá que la reforma avance y se elimine ese beneficio constitucional. Nadie debe merecer ese privilegio que se autoasignó Cabeza de Vaca.
El problema está en que es incierta la posibilidad de que la reforma avance en el Pleno, porque para lograrlo Morena requiere de 24 votos que en estos momentos no tiene.
Además, vale decir que, de aprobarse la reforma Cabeza de Vaca y sus excolaboradores, beneficiarios de los escoltas gratuitos, pudieran invocar el principio de irretroactividad de la ley para que no se las apliquen. Tendrían seguramente que litigar un eventual despojo de esa protección pero es muy probable que salgan triunfantes en un juicio de amparo.
Esperemos, sin embargo, que de avanzar la reforma, cuando acabe el sexenio en curso Morena no vaya a querer volver a modificar la constitución para reinsertar el texto que hoy busca eliminar.
En otras palabras, nadie debe tener ese privilegio de contar con escoltas subsidiados. Ni los de antes ni los de ahora.
EL RESTO.
Por cierto, este martes sesionará el Pleno Legislativo y hay mucha expectación ante la posibilidad de que al menos otras dos diputadas del PAN comiencen a sumar su voto a favor de Morena.
Se dice que eso explica la decisión de la bancada morenista de empujar dos reformas constitucionales, una para quitarle la seguridad personal al exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y otra para sacar del procedimiento reformador de la ley suprema del estado a los ayuntamientos.
Para lograr que ambas reformas avancen se requiere el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno, que suman 24 diputados, de ahí que se insista en que Morena ya tiene amarrados los votos que le faltan, y eso solo será posible con la deslealtad de algunos panistas.
ASI ANDAN LAS COSAS.
