Ciudad de México.- Sin garrochas y sin visas, millones de migrantes irregulares latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos se saltaron los muros militares y policiales edificados en el siglo XXI en los pasos fronterizos terrestres que existen en el trayecto de América Latina a Estados Unidos y atizaron un creciente caos migratorio hemisférico.
Nicaragua militarizó en 2015 y 2016 su frontera con Costa Rica para impedir el paso a migrantes de Cuba y el muro sólo pudo ser superado con un puente aéreo a El Salvador para permitir el viaje vigilado de los cubanos por tierra a Guatemala y México y lograr llegar a EU.
Perú desplegó fuerzas militares en 2021 en su límite con Ecuador para bloquear el ingreso de migrantes de Venezuela.
Guatemala movilizó soldados en 2021 a su frontera con Honduras para obstaculizar el tránsito de migrantes irregulares hondureños, cubanos, haitianos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, africanos y asiáticos.
Perú y Chile militarizaron sus pasos limítrofes comunes en 2023 para cerrar las oleadas de venezolanos y haitianos, en un conflicto que se agravó a finales del abril pasado y prosiguió este mes.
La Fuerza de Tarea Bravo del Comando Sur del Pentágono, que aglutina unidades terrestres, aéreas y marinas, inició el 29 de abril pasado en Panamá una misión “humanitaria”, médica y con insumos de salud, en el Tapón del Darién y otras zonas sensibles al masivo flujo migratorio irregular multinacional.
El ejercicio militar, que concluirá el próximo viernes y sumó a fuerzas panameñas, reparará infraestructura de educación y seguridad en el Darién, peligrosa selva del oriente de Panamá y del occidente de Colombia que se afianzó en este siglo como pieza crucial del contrabando de personas. Estados Unidos reforzó este mes su presencia militar en sitios aledaños a México.
La reiterada costumbre de los diferentes gobiernos centroamericanos y sudamericanos de recurrir a la opción militar —con respaldo o el silencio de EU— como un componente de sus cuestionadas políticas migratorias nunca surtió efecto y el conflicto de la movilidad humana del sur al norte de América tampoco cedió y, por el contrario, parece arreciar con fuerza en 2023.
“La militarización de las fronteras para contener el ingreso de inmigrantes es una práctica en auge… pero peligrosa en el continente”, advirtió la abogada Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de Venezuela de seguridad y defensa.
“La utilización de las fuerzas armadas en tareas de gestión migratoria fronteriza aumenta los riesgos de violaciones a los derechos humanos. El adiestramiento de los militares está orientado a combatir un enemigo y a la defensa territorial del Estado”, dijo San Miguel a EL UNIVERSAL.
“El ingreso de migrantes por las fronteras no constituye una amenaza a la integridad territorial de un Estado. Por el contrario, pueden verse obligados los Estados en la mayoría de los casos a permitir asilo y refugio por razones humanitarias y de persecución, de acuerdo con tratados internacionales”, explicó.
Las prácticas castrenses de levantar murallas para contener a migrantes lograron parar temporalmente las oleadas de viajeros sin visas, pero tampoco alejarlas de la frontera mexicana-estadounidense como meta penúltima en su ruta final hacia EU.
El gobierno estadounidense informó que el número de migrantes americanos, asiáticos, africanos y europeos retenidos en los pasos limítrofes de México a EU aumentó de 458 mil 88 de octubre de 2019 a septiembre de 2020, a 2 millones 378 mil 944 de octubre de 2021 a septiembre de 2022.
De octubre de 2022 a marzo de 2023 llegó a un millón 223 mil 67, según un recuento que mostró que el hemisferio occidental quedó atrapado en una de las más graves crisis migratorias de su historia y sin perspectivas de un arreglo para avanzar hacia una migración legal, segura y ordenada.
“La migración (…) se ha venido incrementando durante los últimos años (…) La respuesta de los gobiernos ha sido la aplicación de políticas que ‘criminalizan’ a las personas migrantes y que ven este fenómeno como un problema de seguridad”, afirmó la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del (no estatal) Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), de Costa Rica.
“La tendencia es a la militarización y ‘securitización’ de las políticas migratorias y de tratamiento a los migrantes con consecuencias graves en violaciones a los derechos humanos, especialmente de quienes migran en condiciones irregulares”, aseveró Cuadra a este periódico.
“Esto se ha convertido en una generalidad latinoamericana que no contribuye a resolver la situación”, planteó.
La más reciente crisis migratoria emergió en la frontera de Perú y Chile. Al exhibir poder de fuego, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú difundió la semana pasada fotografías de soldados peruanos que, con armamento de guerra, recorrían la frontera con Chile.
Sin estar en un teatro bélico, justificó el trabajo de sus tropas y describió que “se han establecido puestos de observación, desde donde efectivos militares del Comando Operacional del Sur (…) se aseguran de que inmigrantes no ingresen el país por lugares no autorizados.
“Se han establecido puntos de control y se realizan patrullajes disuasivos con el fin de detectar irregularidades en el control de personas que quieren ingresar ilegalmente” a Perú, reportó.
