Ciudad de México.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), documentó 123 eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en 2023, incluidos 20 homicidios, que coloca a 2023 como el segundo año más violento de la última década para los activistas, sólo superado por 2022, con 197 eventos de agresión.
Las principales agresiones ocurridas el año pasado fueron amenazas (33), intimidación (28), agresiones físicas (26), criminalización (21), homicidio (20), hostigamiento (19), difamación (18), daño en propiedad (14), estigmatización (14), detención ilegal (10) y uso indebido de la fuerza (9).
En conferencia de prensa, Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda, destacó que, en lo que va de la actual administración federal, han sido asesinados 102 defensores ambientales en México, “algo que desde nuestro muy particular punto de vista es inaceptable e insostenible”, mientras que los principales perpetradores de la violencia fueron el Estado con 61 eventos, delincuencia organizada 37 eventos, el sector privado con 17 eventos y sin identificar 22 eventos.
Señaló que los estados más peligrosos para los activistas con ataques letales son Michoacán con siete casos en 2023; Guerrero con seis casos; Oaxaca y el Estado de México con dos casos cada uno, así como Hidalgo, Sonora y Jalisco con un asesinato en cada entidad.
Detalló que las víctimas de las agresiones fueron miembros de una comunidad (64%), integrantes de organizaciones de la sociedad civil (13%), ejidatarios (8.13%), comuneros (5%), académicos (4.06%), estudiantes (4.06%), abogados (2.43%) y periodistas (1.62 por ciento).
En tanto, los sectores de mayor riesgo son minería (30 casos), vías de comunicación (18), sector forestal (13), además de la defensa de la biodiversidad y los temas hídricos y de energía.
Gustavo Alanís subrayó que se debe atajar con mucha fuerza la impunidad, porque prácticamente los casos de agresiones a defensores ambientales “no se investigan, no se sancionan, no hay responsables”, por lo que se tiene que construir, implementar y supervisar una política pública integral de debida protección a los activistas.
“Como lo hemos ya solicitado en ocasiones anteriores, es necesario mejorar y fortalecer el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, con los recursos y con el personal suficiente que les permita hacer su trabajo adecuadamente, también decir, entre otras muchas cosas, mejorar el acceso a la información en materia ambiental y el acceso a la justicia ambiental”, manifestó.
