Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada Magaly Dandar Robinson, propuso impulsar la “Ley Alina” que reforma el Código Penal del Estado de Tamaulipas y busca garantizar que las mujeres que actúan en legítima defensa no sean juzgadas como homicidas comunes.
La propuesta también busca proteger a quienes intervengan para defender a una mujer en situación de peligro, reconociendo que defender la vida no debe ser considerado un delito.
Además, plantea que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando la persona agredida experimente miedo o terror que afecte su capacidad de determinar la proporción de su respuesta ante una agresión.
Esta iniciativa se suma a otras leyes en México que buscan proteger los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género, como la “Ley Malena”, “Ley Monse”, “Ley Sabina” y “Ley Olimpia”, que han sido aprobadas en diferentes estados del país.
La iniciativa responde al incremento de la violencia contra las mujeres en el estado y a la falta de claridad en la legislación actual, que en muchos casos ha llevado a que víctimas sean procesadas penalmente tras defenderse de sus agresores.
De aprobarse, se considerará legítima defensa cuando una mujer repela una agresión física, sexual o feminicida, así como cuando una tercera persona intervenga para protegerla.
En la exposición de motivos se argumenta que , aunque el principio de legítima defensa está reconocido en el Código Penal Federal y en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, no contempla de manera explícita las situaciones de violencia de género.
“Esta omisión puede generar interpretaciones que desfavorezcan a las víctimas o a quienes las auxilian. Es imperativo que el marco normativo incorpore disposiciones claras y contundentes que eviten vacíos legales y que garanticen que la defensa de una mujer en peligro sea reconocida inequívocamente como legítima defensa” señala.
Agrega: “El mensaje es claro: Tamaulipas se compromete a generar mecanismos efectivos de defensa para las mujeres y a garantizar que ninguna persona que intervenga en su protección sea criminalizada por ello. Todas las personas tienen derecho a defender su vida y la de sus seres queridos. Esta reforma reconoce este derecho y lo extiende a las mujeres que se encuentran en situación de peligro”.
