Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el reciente informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) en ocho municipios tamaulipecos.
ASF detectó recursos sin aclarar por más de 90 millones de pesos ejercidos durante 2023 en ocho municipios tamaulipecos.
De acuerdo con la ASF, los municipios señalados en el informe son Aldama, El Mante, Ocampo, Tula, Burgos, Madero, González y Reynosa, los cuales recibieron recursos del Fortamun, pero hasta la fecha no han podido justificar en que gastaron 90 millones 932 mil pesos que se debieron utilizar para combatir la inseguridad en sus ciudades.
Una revisión realizada a la cuenta pública 2023, reveló múltiples irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de los ayuntamientos, en Aldama por ejemplo, no se justificó el gasto de 3.8 millones de pesos destinados a la compra e instalación de 166 luminarias, ya que las pruebas fotográficas presentadas no permitieron verificar su colocación.
En el caso de El Mante, de detectó un uso indebido de 6.5 millones que debían emplearse en obras públicas y materiales de construcción, sin que se entregara la documentación que lo avalara.
En Ocampo, faltan por justificar 432 mil 700 pesos, correspondientes a la construcción de oficinas municipales sin acreditar pagos ni finiquitos; en Tula, no se ha comprobado el uso de 1.2 millones de pesos destinados al arrendamiento de maquinaria pesada para la ejecución de obras.
En el caso de Burgos, se detectaron pagos irregulares por 226 mil 900 pesos; en Ciudad Madero, no se ha justificado el pago de 1.8 millones de pesos por servicios que no correspondían al contrato establecido; mientras que en González, se hallaron inconsistencias en la ejecución de una obra de pavimentación con un monto pendiente de aclarar de 508 mil 100 pesos.
La mayor irregularidad en Reynosa, no se ha justificado el destino de 77 millones de pesos correspondientes a la segunda etapa del Museo del Ferrocarril, una obra que fue cancelada sin que se acreditaran las razones para su suspensión.
Sin embargo, la Federación prevé que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en dicho Fondo se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, pero los alcaldes no lo utilizaron con ese fin, pues según los informes de la ASF, no han logrado aclarar al ente fiscalizador cómo se ejerció ni solventar las inconsistencias detectadas durante las visitas físicas a las obras y proyectos ejecutados con dinero federal.
Cabe aclarar que, la ASF podría exigir la devolución de los recursos si los municipios no logran justificar el destino del dinero. Además, las irregularidades encontradas podrían derivar en denuncias penales contra los responsables del desvío de fondos públicos.
