Nueva York.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, señalados por delitos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armamento.
La acusación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes volúmenes de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con el expediente, los funcionarios presuntamente recibieron beneficios económicos y respaldo político a cambio de permitir la operación de la organización criminal en distintas regiones del país.
Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, exfuncionarios estatales, mandos policiales y el alcalde de Culiacán, además de otros servidores públicos vinculados a tareas de seguridad e investigación.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la red operaba en coordinación con la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por familiares de Joaquín Guzmán, recibiendo recursos millonarios para proteger sus actividades ilícitas.
El fiscal Jay Clayton advirtió que estas organizaciones no podrían operar con tal alcance sin el respaldo de funcionarios corruptos dentro de las estructuras gubernamentales.
Por su parte, el titular de la Administración de Control de Drogas, Terrance C. Cole, afirmó que el caso exhibe una estrategia deliberada para debilitar instituciones y facilitar el tráfico de sustancias ilícitas.
Según la investigación, los acusados habrían filtrado información confidencial, obstaculizado operativos y protegido a integrantes del cártel, incluso participando en actos violentos contra rivales o presuntos informantes.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de solicitudes de extradición, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme al marco legal mexicano.
La Cancillería advirtió que la documentación enviada por Estados Unidos carece, por ahora, de pruebas suficientes para acreditar responsabilidad, por lo que se evaluará su viabilidad jurídica antes de proceder.
Asimismo, anunció que enviará una nota diplomática a la embajada estadounidense por la difusión pública de información que, por su naturaleza, debía mantenerse bajo estricta confidencialidad.
El embajador Ronald Johnson respaldó las acciones judiciales y subrayó que el combate a la corrupción y al crimen transnacional es una prioridad compartida entre ambos países.
Afirmó que las investigaciones continuarán bajo criterios de legalidad, transparencia y cooperación bilateral, con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y garantizar la rendición de cuentas.
