Ciudad de México.– El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a ocho funcionarios y ex servidores públicos, enfrenta cargos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que podría derivar en penas mínimas de 50 años de prisión.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación incluye delitos como conspiración para traficar narcóticos, posesión de armamento prohibido y acuerdos criminales para facilitar operaciones ilícitas hacia territorio estadounidense.
Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cazárez, ex secretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, ex titular de Finanzas; y Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto estatal.
También aparecen Marco Antonio Almanza Avilés y Jorge Alberto Contreras Núñez, ex mandos de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito, ex directivo policial.
La lista incluye además a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y a Juan Valenzuela Millán, ex comandante municipal, quien enfrenta acusaciones agravadas por su presunta participación en homicidios ligados a investigaciones federales.
La acusación fue presentada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, con respaldo de la Administración de Control de Drogas, encabezada por Terrance C. Cole.
Autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían utilizado sus cargos para facilitar operaciones delictivas, proteger a líderes criminales y garantizar el traslado de drogas mediante redes institucionales infiltradas.
Según la investigación, funcionarios estatales y municipales habrían filtrado información confidencial, desviado operativos y brindado cobertura a cargamentos de droga en tránsito hacia Estados Unidos.
El expediente también señala que Rocha Moya habría sido beneficiado en su proceso electoral por el grupo de “Los Chapitos”, quienes presuntamente intimidaron a rivales políticos para favorecer su llegada al poder.
A cambio, sostiene la acusación, el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes del cártel, comprometiéndose a garantizar condiciones de operación y protección institucional para sus actividades ilícitas.
La DEA advirtió que el caso exhibe una red de corrupción que permite al crimen organizado operar con eficacia, señalando que sin respaldo político, estos grupos no tendrían el mismo alcance.
El proceso judicial quedó en manos de la jueza Katherine Polk Failla, quien analizará las pruebas dentro de un caso que podría marcar un precedente en la relación bilateral en materia de seguridad.
