Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una persona permanece encarcelada después de continuar cobrando la pensión de su madre fallecida, caso que llevó al IPSSET a reforzar controles sobre beneficiarios.
El Gobierno de Tamaulipas puso en marcha la Revisión de Sobrevivencia 2026, procedimiento obligatorio para comprobar que jubilados y pensionistas continúan siendo beneficiarios legítimos de los recursos.
Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración, explicó que el pase de supervivencia busca cerrar espacios a cobros indebidos, irregularidades o posibles fraudes relacionados con pensiones estatales.
El procedimiento permite comprobar que quienes aparecen dentro del padrón continúan con vida y conservan el derecho legal para recibir mensualmente los recursos depositados por el instituto.
“Es un requisito legal, debemos asegurarnos de que la pensión se paga a la persona que tiene el derecho”, señaló Manautou al explicar los controles aplicados.
La revisión se desarrolla anualmente durante septiembre y octubre y comprende todos los municipios tamaulipecos, mediante un calendario diseñado para acercar el procedimiento a jubilados y demás beneficiarios.
Las actividades comenzaron esta semana en el Polyforum de Ciudad Victoria y continuarán en municipios rurales cercanos, antes de trasladarse hacia diferentes sedes establecidas en las zonas fronteriza y sur.
Durante septiembre serán atendidos también beneficiarios de Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán, Camargo, San Fernando y Matamoros, conforme avance el calendario establecido por las autoridades estatales correspondientes.
Para octubre quedarán municipios como El Mante, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde también deberán comparecer quienes reciben algún tipo de pensión mediante IPSSET.
Manautou reveló que los controles cobraron relevancia después de detectar en Tampico un caso donde una persona continuó recibiendo la pensión correspondiente a su madre después del fallecimiento.
Según relató la funcionaria, inicialmente fueron presentadas recetas médicas para justificar la ausencia de la jubilada durante la revisión, pero posteriormente las autoridades comprobaron que había fallecido.
El dinero cobrado después del fallecimiento tampoco fue reintegrado, agregó Manautou, quien informó que la persona involucrada se encuentra actualmente en prisión derivado del caso detectado.
Para impedir situaciones semejantes, IPSSET cruza información con Registro Civil y otras instancias gubernamentales, utilizando certificados de defunción y actas registradas para verificar permanentemente la situación de beneficiarios.
El sistema permite realizar verificaciones prácticamente en tiempo real, explicó la secretaria, buscando detectar fallecimientos, duplicidades y cualquier otra irregularidad capaz de provocar pagos indebidos con recursos públicos.
Cuando un pensionado no comparece durante la fecha correspondiente ni comunica alguna causa justificada, el instituto suspende temporalmente el pago hasta que la persona pueda regularizar correctamente su situación.
Los beneficiarios deberán presentar copia de identificación oficial, comprobante reciente de domicilio, número telefónico de contacto y, cuando dispongan de éste, proporcionar también una dirección de correo electrónico.
En casos de enfermedad, discapacidad o personas postradas que estén imposibilitadas para trasladarse, familiares pueden comunicarlo para que personal responsable realice directamente la verificación correspondiente en el domicilio.
Actualmente IPSSET mantiene aproximadamente 11 mil jubilados y pensionistas dentro de su padrón, incluyendo beneficiarios por viudez y orfandad que también están sujetos al procedimiento anual de comprobación.
