Ciudad Victoria.- Las madres buscadoras deben ser reconocidas oficialmente como defensoras de derechos humanos para garantizarles protección y seguridad frente a los riesgos derivados de localizar desaparecidos.
Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, planteó que el Estado mexicano otorgue formalmente esa condición a mujeres que realizan labores de búsqueda.
El reconocimiento permitiría incorporarlas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, proporcionando herramientas institucionales adicionales frente a posibles amenazas o agresiones.
Garza Guerra señaló que organizaciones como Amnistía Internacional han planteado otorgarles esa categoría, considerando las condiciones bajo las cuales desarrollan actividades para encontrar a sus familiares desaparecidos.
La presidenta de CODHET lanzó además un llamado a autoridades federales y estatales para atender a los colectivos con sensibilidad, humanismo y la debida diligencia que requieren sus casos.
No se necesitan necesariamente más leyes, sostuvo, sino aplicar correctamente aquellas que ya existen y conseguir que las instituciones responsables respondan eficazmente ante las familias que buscan personas desaparecidas.
Garza Guerra dimensionó la problemática al señalar que Tamaulipas ocupa actualmente el segundo lugar nacional en desapariciones, condición que mantiene particularmente delicada esta crisis dentro de la entidad.
“Una madre buscadora va detrás de su familia”, expresó al explicar que muchas mujeres continuarán buscando mientras no encuentren los restos o conozcan finalmente el paradero de sus familiares.
Para ellas, agregó, localizar un cuerpo significa también disponer de la posibilidad de despedirlo mediante un funeral y terminar con años de incertidumbre alrededor de una desaparición.
Legalmente, recordó, las investigaciones y búsquedas corresponden a fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas, instituciones creadas precisamente para responder ante esta problemática.
Sin embargo, Garza Guerra cuestionó que en la práctica las familias no siempre sean escuchadas ni atendidas con la eficiencia, diligencia y compromiso necesarios para producir resultados concretos.
“Ellas esperan que las autoridades encuentren a sus familiares y se los entreguen”, señaló al reclamar que las instituciones responsables deben responder más allá de procedimientos meramente administrativos.
Para la titular de CODHET, el parámetro fundamental deben ser los resultados, particularmente frente a familias que llevan años esperando información capaz de esclarecer dónde están sus seres queridos.
Otro problema señalado es la revictimización que enfrentan madres y familiares cuando acuden ante fiscalías, comisiones de búsqueda u otras dependencias para presentar denuncias, aportar información o solicitar avances.
Garza Guerra pidió terminar con esas prácticas y evitar que autoridades minimicen la crisis, cuestionen injustificadamente a las familias o reproduzcan procedimientos que incrementen el desgaste emocional de quienes buscan.
“Siempre se debe creer en el dicho de la madre buscadora”, enfatizó al demandar sensibilidad institucional y atención prioritaria desde el primer contacto que las familias mantienen con autoridades.
La Constitución establece esa atención, sostuvo, por lo que el desafío no radica únicamente en crear nuevas disposiciones, sino garantizar que las existentes funcionen efectivamente para quienes necesitan protección.
El reconocimiento como defensoras añadiría una capa de protección para mujeres que, ante resultados institucionales insuficientes, han terminado participando directamente en búsquedas de campo para localizar a sus familiares desaparecidos.
