Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La falta de personal, presupuesto y herramientas mantiene rebasadas a instituciones encargadas de atender desapariciones en Tamaulipas, mientras familias terminan realizando tareas correspondientes a autoridades.
Colectivos y familiares han tenido que involucrarse directamente en labores de búsqueda, rastreo, investigación y recopilación de indicios ante las limitaciones que enfrentan las dependencias responsables.
Organismos internacionales han advertido que las familias no deberían absorber costos económicos, administrativos y emocionales derivados de realizar funciones que corresponden directamente a las instituciones gubernamentales.
Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, reconoció que organismos encargados de acompañar víctimas trabajan actualmente con recursos materiales insuficientes.
La propia CODHET enfrenta esas limitaciones. Garza Guerra reveló que dispone apenas de una unidad vehicular para atender solicitudes de acompañamiento relacionadas con las necesidades de familiares y colectivos.
Incluso cuando las familias requieren ese vehículo, explicó, debe seguirse un procedimiento administrativo prolongado antes de autorizar su utilización, complicando la capacidad institucional para proporcionar acompañamiento oportuno.
“No tenemos los recursos suficientes”, reconoció la Ombudsperson al dimensionar las carencias que enfrenta el organismo para responder a una problemática que demanda presencia permanente en territorio.
Garza Guerra sostuvo que enfrentar las desapariciones requiere sensibilidad y humanismo de los servidores públicos, pero advirtió que esas cualidades resultan insuficientes sin presupuesto, personal y herramientas materiales.
Consideró indispensable proporcionar respaldo efectivo a las madres buscadoras, cumplir los compromisos asumidos institucionalmente y poner en funcionamiento espacios especializados que permanecen pendientes pese a encontrarse físicamente terminados.
Entre esos pendientes destacó el centro destinado a la investigación y procesamiento de pruebas de ADN en Altamira, cuya operación inmediata ha sido exigida reiteradamente por colectivos de búsqueda.
Según explicó, las instalaciones fueron construidas para analizar restos humanos y pruebas genéticas, herramientas fundamentales para avanzar en procesos de identificación y proporcionar respuestas a familias de personas desaparecidas.
Sin embargo, pese a la inversión realizada y encontrarse concluida la infraestructura, el centro permanece sin funcionar debido a recursos presupuestales pendientes para garantizar su operación, señaló Garza Guerra.
“Falta menos que más para su funcionalidad”, expresó la presidenta de CODHET, quien consideró la apertura de esas instalaciones como un compromiso todavía pendiente con las madres buscadoras.
Para la Ombudsperson, mantener infraestructura especializada sin funcionar profundiza las dificultades institucionales, mientras colectivos continúan reclamando mayores capacidades para investigar, identificar restos y atender integralmente a las familias.
